Vuelve la tensión entre las Comunidades Autónomas y el Gobierno por el estatuto marco. Un tema que está dando que hablar, y más si cabe tras la última ley aprobada en anteproyecto por el Consejo de Ministros en la que se pretende acabar con las guardias de 24 horas en el personal sanitario. En esta ocasión las autonomías se han posicionado en bloque para exigir al Ministerio de Sanidad que vuelva a negociar el texto del estatuto marco, ya que consideran que se ha hecho "alterando la metodología de trabajo" que se venía siguiendo en otras normas sanitarias. Tal y como denuncian, este proceso se ha llevado a cabo sin consenso previo, sin cooperación institucional y sin una evaluación técnica que sea verdaderamente suficiente acerca del efecto que podría tener, básicamente.
Así lo han reflejado en "un decálogo de posicionamiento común de las comunidades autónomas ante el anteproyecto de ley del estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud" que recoge todas estas peticiones y reclamaciones. De este documento se ha hecho eco este mismo jueves el consejero vasco, Alberto Martínez, durante la Comisión Técnica Delegada de Recursos Humanos del Ministerio. Todo esto llega justo un día antes de que se produzca la reunión del Consejo Interterritorial que tanto se estaba esperando, según recoge EFE.
Decisiones sin análisis y enfocadas al "ámbito sindical"
Para que no queden dudas de su postura, las comunidades, que ya dejaron plantada a Mónica García en un debate a principios del mes de junio, han dejado más que claro que comparten la necesidad de adaptar el antiguo estatuto del año 2003 a la realidad que vive hoy el Sistema Nacional de Salud (SNS). Sin embargo, advierten que la trascendencia de esta reforma exige "amplios consensos institucionales y profesionales que garanticen su viabilidad y sostenibilidad futura". Por lo que han denunciado que ha habido una "insuficiente participación" de los órganos de coordinación y una clara alteración de las formas de trabajar basadas tradicionalmente en "la cooperación institucional, el análisis técnico previo y la búsqueda de consensos".
Y es que los consejeros territoriales se quejan de que las modificaciones que más van a afectar a la forma de organizarse en su trabajo no se han comprobado ni estudiado previamente antes de aceptarse. Ciertas decisiones tan importantes referidas a las jornadas, los descansos, las guardias o las retribuciones "requieren necesariamente un análisis previo de su repercusión sobre la continuidad asistencial" y sobre la disponibilidad de los sanitarios. Asimismo, han criticado que los últimos cambios introducidos "parecen responder fundamentalmente al resultado de la negociación desarrollada en el ámbito sindical". Algo que, desde su punto de vista, rompe el necesario equilibrio entre los derechos de los profesionales y la capacidad organizativa de los centros, pidiendo un análisis paralelo sobre las necesidades reales de personal.
Buscan que las instituciones sean leales y que se siga al pie de la letra la memoria económica
Viendo el panorama, las comunidades han pedido que se devuelva el texto en cuestión al grupo de trabajo de actualización del mismo que se creó en 2023, ya que para ellos se trata de "el foro técnico más adecuado para culminar" la revisión de la norma de manera compartida. Así, han reclamado un "principio de lealtad institucional" entre todas las administraciones, mostrando su plena disposición a participar en el proceso desde el "trabajo conjunto" y buscando soluciones compartidas.
Por último, han exigido que las reformas vengan acompañadas de una memoria económica "rigurosa" y "una financiación adecuada" que identifique bien los costes a los que tendrán que hacer frente. Tal y como concluyen los consejeros, sus observaciones solo buscan mejorar la ley y colaborar, pero avisan de que el éxito de la norma dependerá de saber conciliar la "legítima ampliación de derechos laborales con la realidad operativa" de nuestros centros de salud.
Mónica García afea a Feijóo sus acusaciones de "fraude" en las bajas médicas
En otro orden de cosas y como añadido al debate sobre el mercado laboral, la ministra de Sanidad, Mónica García, no ha querido dejar pasar la oportunidad para valorar también las recientes declaraciones del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en las que decía que las bajas laborales son un "cáncer que no podemos pagar".
Con una respuesta similar a la del funcionario Alfonso Muñoz, la ministra de Sanidad considera que detrás de cada baja por incapacidad temporal hay "un profesional que la prescribe", criticando así el hecho de que Feijóo esté acusando de "fraude" tanto a los propios médicos como a los trabajadores. Tal y como ha expresado la ministra en una entrevista, no cree que las palabras del líder del PP vengan de la nada, ya que según su opinión en el Partido Popular piensan convencidos "que es verdad que hay un fraude" y que la gente se da de baja médica simplemente porque "le apetece", según recoge Europa Press.
Asimismo, García, al igual también que las declaraciones de Carlos Cuerpo, piensa que no se debe “frivolizar” con el tema de las bajas y que es necesario sentarse y estudiar los motivos reales por los que la gente se da de baja o no asiste a su puesto de trabajo. En base a esto también ha señalado que "seguramente muchos por las condiciones laborales", advirtiendo además de que la vivienda es hoy en día "un determinante social de la salud, de primera necesidad ahora mismo". Para que se entienda el problema de fondo sobre la mayor duración de estos procesos médicos, la titular de Sanidad ha lanzado un dardo directo a la presidenta madrileña, asegurando que "seguramente la señora Ayuso es responsable de ese millón de personas" en su comunidad que están atrapadas en una lista de espera, aguardando verdaderamente a ser diagnosticadas, vistas o tratadas por un especialista.
