
Los funcionarios y Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), recibieron el pasado viernes, 27 de octubre, una circular “informativa” en las que se les comunicaba el fin del teletrabajo, que venían ejerciendo desde 2020 a raíz de la pandemia. Una decisión que llegó sin previo aviso y que ha sido reclamada por el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia y los sindicatos CCOO y CSIF, después de que entrara en vigor el lunes 30 de octubre.
En concreto, dichos organismos han solicitado a la ministra en funciones, Pilar Llop, que rectifique la decisión de eliminar el trabajo en remoto para estos funcionarios, que ahora deberán desempeñar sus funciones con una presencialidad del 100%. Tendrán que hacerlo hasta que se apruebe una regulación específica sobre el teletrabajo en el ámbito de la Administración de Justicia, alegando en la circular, según CSIF, a una situación de “alegalidad o ilegalidad”.
Particularmente, se escudarían en el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial del pasado 5 de julio, que dejaba sin efecto las medidas organizativas y tecnológicas adoptadas por los órganos judiciales para hacer frente a la pandemia. No obstante, para el sindicato, más bien, se trata de una situación de “precariedad” y muestran su oposición tanto “al fondo” como “a la forma y al momento elegido para publicar una circular que se dice “informativa” pero que se redacta en tono imperativo”, tal como expresan en un comunicado.
30.000 funcionarios de Justicia se acogían al teletrabajo
Según CSIF, hasta el momento, se habían acogido al teletrabajo 30.000 de los 50.000 funcionarios dependientes del Ministerio de Justicia, que venían trabajando a distancia una media de dos días a la semana. La suspensión la ven “injusta y arbitraria” además de que iría en contra del acuerdo sobre el teletrabajo firmado en 2021 en la Mesa General de las Administraciones Públicas, todavía en desarrollo, motivo por el que han elevado una demanda contra Función Pública.
Sobre la circular, también reclaman que “el Ministerio debería haber explicado las razones por las que, desde el año 2020, no ha hecho nada por regular el teletrabajo”, siendo la causa además por la que alegan haber eliminado esta modalidad de los funcionarios y letrados de Justicia.
Al respecto, añaden que “el Ministerio siempre se ha escudado en un informe del Consejo de Estado que tiraba por tierra, lo que CSIF calificó en su día como un pésimo acuerdo que dos sindicatos y el Ministerio firmaron en marzo de 2021, para no volver a la mesa de negociación a intentar mejorar su contenido y adaptarlo a los criterios del artículo 47 bis del TREBEP. Y no será por las veces que se lo hemos solicitado desde CSIF tanto en el ámbito de Justicia como a Función Pública y llegando a denunciarlo ante los tribunales”.
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