La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) advierte de que la nueva Ley de Prevención de Riesgos Laborales “fracasará” si no se refuerzan la inversión y los recursos humanos en el sistema. Y es que, según la organización, la salud laboral en España sigue siendo una “asignatura pendiente”, ya que las carencias estructurales que afectan tanto a administraciones como a empresas.
Con motivo del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, desde el sindicato alertan de que los servicios de prevención se encuentran “infradotados”, sobre todo por la falta de técnicos especializados y personal médico. Esta situación, por tanto, estaría impidiendo que la normativa tenga un impacto real sobre la protección del trabajadores.
En este sentido, y segun recogen desde Europa Press, una encuesta realizada a 2.000 empleados públicos pone de manifiesto estas defincientes ya que el 63% de los encuestados no ha recibido formación sobre los riesgos de su puesto y un 20% no tiene acceso al reconocimiento médico obligatorio.
Un sistema con carencias que afectan a la salud de los trabajadores
Analizando el impacto que tienen estas carencias sobre la salud laboral, más de dos tercios de los trabajadores encuestados han necesitado medicación para poder afrontar su jornada, una situación que CSIF califica como un “sufrimiento normalizado”.
La prevención, para el sindicato se ha convertido en un “mero trámite burocrático” en lugar de ser una herramienta “efectiva” para minimizar el riesgo de los trabajadores.. A esto se suma la “infradeclaración” de enfermedades profesionales, que en muchos casos acaban siendo asumidas por el sistema público de salud.
Reclamaciones para evitar el “fracaso” de la ley
Para poner freno a esta situación y evitar que la ley fracase, desde CSIF reclaman medidas urgentes para evitar que la nueva normativa no cumpla sus objetivos. Entre sus propuestas se encuentra la fijación de ratios mínimos de profesionales, el refuerzo de la Inspección de Trabajo y la incorporación de especialistas en salud mental, como psicólogos y mediadores.
Y es que, tal y como insisten desde el sindicato, sin un aumento de la inversión y una mejora de los recursos disponibles, la nueva ley no corregirá las deficiencias actuales del sistema ni supondrá una protección real para los trabajadores.
