La reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales en España es uno de los temas principales en materia de empleo este 2024. Mientras el Ministerio de Trabajo, patronal y sindicatos negocian un acuerdo, avanzan los proyectos piloto para probar el impacto de la medida en trabajadores y empresas. Con el objetivo de mejorar la productividad de las pymes, la Escuela de Organización Industrial (EOI) ha resuelto la convocatoria de ayudas para implementar la reducción de jornada en cinco pequeñas y medianas empresas industriales.
La OEI destinará un total de 530.000 euros para financiar la reducción de jornada laboral, con el fin de minimizar el impacto económico o bajada de productividad que pudieran tener las pymes. Las cinco seleccionadas para el proyecto piloto fueron elegidas entre un total de 42 empresas que se presentaron a la convocatoria.
Las 5 pymes que probarán la reducción de jornada
Según se ha explicado desde el Ministerio de Industria y Turismo, liderado por Jordi Hereu, las elegidas cumplen con los requisitos de las bases. Es decir que son consideradas pymes, están legalmente constituidas en España, tienen personalidad jurídica propia y están inscritas en el registro CNAE. Además, no forman parte del sector público y desarrollan una actividad industrial, otras dos condiciones fundamentales para poder recibir la ayuda. Las beneficiarias son:
- Artemasol
- Industria Desmotadora Andaluza
- Ingreen Innovation
- Descontrol Editorial e Imprenta
- Cachiman Grafic
Todas estas acreditaron tener viabilidad económica y financiera, y ser capaces de poder llevar a cabo la prueba piloto para reducir la jornada laboral, a 37,5 horas semanales. Para esto, tuvieron que demostrar cuál sería el impacto en su productividad de la puesta en marcha de la medida.
Una prueba para valorar si es posible la reducción de jornada
El proyecto piloto que llevarán a cabo en estas cinco pymes para medir el impacto de la reducción de la jornada laboral, comprende también la realización de un informe donde se compare la experiencia española con otras pruebas que se están llevando a cabo en países como Australia, Portugal, Canadá o Reino Unido.
El estudio pretende ser un análisis profundo de resultados e impacto de la medida, teniendo en cuenta los puestos de trabajo, la tecnología, la gestión, los diferentes sectores, etc. que según afirman desde el ministerio, permitirá diseñar políticas públicas “efectivas y eficientes”.
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