La sostenibilidad del sistema de pensiones es una problemática que el Gobierno de España lleva abordando en los últimos 10 años y por la se han realizado tres grandes reformas. La primera, aprobada en 2011 y aplicada a partir de 2013, buscaba aumentar progresivamente la edad de jubilación para aquellos que no cumplieran con los requisitos de cotización. La segunda reforma, aprobada en 2021, incluía, entre otras medidas, el incentivo a las jubilaciones demoradas y, por otro lado, desincentivar las jubilaciones anticipadas, es decir, aquellas que se dan antes de la edad ordinaria de jubilación. Para el economista y divulgador, Gonzalo Bernardos, estas reformas no son suficiente y presenta problemas.
En una entrevista para NoticiasTrabajo, el economista explica que España cuenta con un sistema de pensiones públicas que, en comparación con otros países europeos, se considera generoso, “es tan generoso que está en serio riesgo”.
“Escrivá parece un trilero, moviendo la bolita de un lado a otro” dice en referencia a las transferencias de fondos desde la Administración Central para compensar el déficit de la Seguridad Social. “El déficit de la Seguridad Social ha bajado porque ahora el estado hace muchas más transferencias. A mí me da igual que el déficit lo tenga la administración centra o la Seguridad Social, porque ambos es déficit del Estado. Y el déficit actual de la Seguridad Social son 65.000 millones de euros, más de los que el Estado se gasta anualmente en educación”. Este déficit se puede pagar, pero apunta a que ese déficit va a ir “subiendo y subiendo” lo que hará tensionar aún más el sistema.
El compromiso del Gobierno de aumentar el Gasto Primario Neto en un 3,7% también es objeto de crítica. Según Bernardos, el gasto en pensiones crecerá mucho más, por encima del 5%, no porque los pensionistas vayan a recibir más dinero, sino porque habrá más personas jubiladas. Esto reducirá el margen disponible para otras partidas esenciales, como la sanidad o la reducción de las listas de espera.
Además, a estos problemas se añade otro y es la llegada de la generación de los “baby boom” trabajadores nacidos entre los años 1958 y 1975, que ahora empezarán a jubilarse, tensionando aún más si cabe el actual sistema. Aquí, según explica el economista, es, que estos trabajadores han tenido unas altas cotizaciones, por lo que su pensión de jubilación se situará en mucho de los casos por encima de los 2.000 euros brutos mensuales, lo que hará aumenta aún más si cabe el gasto en pensiones. Para Bernardos, esto es inevitable.
Las pensiones de los autónomos, las más perjudicadas
Para Bernardos, uno de los problemas es la situación de los autónomos, quienes mayoritariamente cotizan por la base mínima y esto repercute sobre su pensión que hace que sean más bajas. “El 85,9% de los autónomos han cotizado por la base mínima, y, como resultado, reciben la pensión mínima al jubilarse”, afirma, destacando una relación directa entre la base de cotización y la cuantía de la pensión.
Según Bernardos, existe un malentendido generalizado entre los trabajadores autónomos respecto al sistema de pensiones. Señala que muchos creen que basta con llegar a la edad de jubilación para recibir una buena pensión, cuando en realidad “la pensión que recibes está directamente ligada al dinero que has aportado a la Seguridad Social durante tu vida laboral”.
Esto significa que quienes optan por cotizar al mínimo durante años no pueden esperar una pensión elevada al final de su vida activa. Bernardos recalca que este concepto no es difícil de entender, pero considera que “muchos prefieren ignorar esta realidad”.
Sobre si los trabajadores autónomos deberían de cambiar las cuotas que los autónomos pagan a la Seguridad Social por un sistema basado en impuestos según la facturación, Bernardos advierte: este planteamiento podría desviar el sistema hacia un modelo de pensiones privadas, algo que en su opinión no sería beneficioso para la mayoría de trabajadores.
Rentabilidad del sistema público de pensiones
Bernardos defiende que el sistema público de pensiones en España es mucho más ventajoso para la mayoría. Según sus cálculos, un trabajador promedio recibe una rentabilidad del 84% sobre las aportaciones realizadas durante su vida laboral. “¿Cuántas inversiones pueden ofrecer este nivel de retorno?”, pregunta retóricamente, subrayando que, a pesar de sus problemas de sostenibilidad, el sistema español es actualmente un “chollo” para los pensionistas.
Además, compara la situación de los jubilados españoles con la de los alemanes, donde muchos se ven obligados a trabajar a tiempo parcial más allá de los 65 años debido a las bajas pensiones. En España, esta realidad es mucho menos frecuente, lo que refleja la generosidad del sistema público.
La solución para garantizar el sistema público de pensiones
El economista tiene claro cuáles serían las tres medidas a aplicar para garantizar el sistema público de pensiones, aunque cada una de ellas no puede gustar a todo el mundo. Primero, Bernardos tiene claro que habría que aumentar las cotizaciones de los trabajadores al sistema de la Seguridad Social. A pesar de ello, Bernardos rechaza esta medida, porque afectaría negativamente a los jóvenes, quienes ya de por sí cuenta con ingresos más bajo en comparación con otros grupos de edad. “No podemos hacer que los jóvenes ganen menos todavía al exigirles que paguen más cotizaciones”, señala, destacando el impacto desproporcionado que esta medida tendría sobre un sector de la población económicamente vulnerable.
La segunda opción, que Bernardos respalda, es aumentar la edad de jubilación. Según el economista, “la cuestión no es cuándo quieres jubilarte, sino si el sistema puede permitirse pensiones tan generosas”. Señala que, con el envejecimiento de la población, el aumento de la esperanza de vida y la jubilación de la generación del “baby boom”, mantener el sistema tal y como está resulta inviable.
Sobre este punto, señala que este enfoque ya ha sido adoptado en otros países europeos, e incluso en España, donde el expresidente Zapatero impulsó un incremento de la edad de jubilación en 2011 a través de la Ley 27/2011. Bernardos menciona que la Seguridad Social ha incentivado trabajar más años, ofreciendo un aumento del 4% en la pensión por cada año adicional trabajado (la denominada jubilación demorada), pero reconoce que “la mayoría de la gente prefiere jubilarse antes que cobrar más”.
La tercera opción sería disminuir las pensiones de los jubilados actuales, algo que Bernardos descarta categóricamente. Considera que “los pensionistas tienen un contrato implícito que garantiza su nivel de vida tras la jubilación” y reducir las pensiones rompería ese compromiso, además de que sería injusto para quienes han planificado su futuro en base a las reglas vigentes.
Las pensiones ligadas al IPC
Sobre revalorizar las pensiones conforme a la inflación es beneficioso para los pensionistas actuales, pero el economista piensa que puede ser insostenible para la Seguridad Social a largo plazo. “Este modelo no puede mantenerse indefinidamente sin ajustes”, afirma, subrayando que el sistema enfrenta limitaciones estructurales que deben abordarse con medidas específicas.
Por otro lado, y sobre este punto, añade que una de las posibles soluciones que se plantea es aumentar el número de inmigrantes para ampliar la base de cotizantes. Bernardos reconoce que la llegada de inmigrantes puede ayudar, pero advierte que esta medida por sí sola no resolverá el problema. “Necesitaríamos que llegaran 400.000 inmigrantes al año para contribuir al sistema, pero no hay suficientes puestos de trabajo para todos”, explica, destacando las limitaciones del mercado laboral español para absorber tal volumen de personas.
Las pensiones privadas
Según el economista, un ejemplo de sistemas alternativos son las mutualidades de profesionales, como las de procuradores o abogados. Estos modelos privados, en muchos casos, han demostrado ser ineficaces para garantizar pensiones dignas. “En estas mutualidades, los profesionales aportaron dinero sin saber si era suficiente o cómo se gestionaba, y ahora muchos perciben pensiones muy bajas”, comenta, resaltando las limitaciones de un sistema que deja al trabajador a merced de la gestión privada.
Por otro lado, explica, que las pensiones privadas pueden ser ventajosas únicamente para aquellos que poseen conocimientos avanzados en mercados financieros. Por ejemplo, un especialista podría gestionar un plan de pensiones invirtiendo hasta el límite máximo de aportación (anteriormente de 10.000 euros anuales, ahora reducido a 1.500 euros por las reformas introducidas por el exministro Escrivá). Aun así, incluso bajo estas condiciones, obtener una buena rentabilidad depende de acertar en las inversiones, algo que no está al alcance de la mayoría.
Por último, Bernardos se ha mostrado muy crítico con los planes de pensiones en España, cuestionando su viabilidad como alternativa al sistema público. “La rentabilidad que ofrecen actualmente es malísima”, asegura, lo que desincentiva a muchas personas a seguir aportando después de evaluar los resultados.
Uno de los principales problemas es la gestión de estos planes. Explica que “muchas veces, los gestores priorizan los intereses de la entidad que administra los fondos, dejando en segundo plano los intereses del cliente”. Esta falta de alineación entre gestor y usuario dificulta que los planes de pensiones sean una opción realmente rentable para el ahorrador medio.
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