
El Gobierno de Javier Milei ha suspendido este viernes los efectos de la venta de la filial argentina de Telefónica a Telecom Argentina, empresa vinculada al grupo mediático Clarín. La medida, de carácter preventivo, se acordó tras una advertencia de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que alertó sobre una posible concentración excesiva de mercado, incompatible con la libre competencia.
La operación, cerrada y cobrada por la compañía española, fue valorada en 1.245 millones de dólares (unos 1.200 millones de euros), y constituía una de las primeras grandes desinversiones bajo la presidencia de Marc Murtra, quien asumió la dirección de Telefónica el pasado mes de enero.
Según el comunicado emitido por la Oficina del Presidente, la decisión se adoptó con el objetivo de “resguardar la transparencia y libre concurrencia del mercado” y se mantendrá vigente “hasta tanto se profundice el análisis de la operación notificada”. La Secretaría de Industria y Comercio, dependiente del Ministerio de Economía, realizo esta medida tras recibir el informe técnico de la autoridad de competencia.
El Ejecutivo detalló que, de completarse la operación sin restricciones, Telecom Argentina controlaría el 61% del mercado de telefonía móvil, el 69% del de telefonía fija y hasta el 80% del servicio de internet residencial en algunas zonas del país. Estos niveles de concentración han sido calificados por el Gobierno como “distorsionadores del mercado”.
Venta cerrada, pero sujeta a riesgo regulatorio
Aunque la transacción ya se había cerrado formalmente y notificado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en España, los efectos operativos podrían verse condicionados por la medida adoptada por el Ejecutivo argentino. Telefónica comunicó entonces que los riesgos regulatorios derivados del proceso recaerían sobre el comprador.
La venta se enmarca dentro de la estrategia del grupo español de reducir su exposición a los mercados latinoamericanos, donde las condiciones económicas y políticas han sido más inestables en los últimos años. La filial argentina, junto con otras operaciones en la región, llevaba tiempo en el punto de mira como parte de este plan de ajuste.
Telecom y Telefónica han dominado el mercado argentino desde que el Gobierno de Carlos Menem, en los años noventa, privatizó la antigua empresa estatal Entel y repartió el país en zonas de operación. Ambas empresas ofrecen servicios integrados de telefonía, internet y televisión de pago, lo que amplifica el alcance del proceso de integración.
Milei en contra
El propio presidente Javier Milei ya había expresado públicamente su rechazo a la operación antes de que se concretara, advirtiendo que dejaría “alrededor del 70% de los servicios de telecomunicaciones en manos de un solo grupo económico”. Además, cuestionó que este monopolio sería posible gracias a “décadas de beneficios estatales” que habrían favorecido al grupo comprador.
Al parecer, algunos expertos del sector señalan que esta medida preventiva, si bien amparada por la normativa argentina, podría derivar en conflictos legales o arbitrales si se interpreta como una interferencia en una operación privada ya cerrada. La situación añade tensión en un contexto de relaciones complejas entre el Gobierno argentino y empresas extranjeras con fuerte presencia en el país.
La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia deberá ahora emitir un dictamen definitivo, que podría autorizar la operación con condiciones —como desinversiones parciales— o bien bloquearla si considera que los riesgos para el mercado son insalvables.

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