Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) han propuesto que se fije por ley en 150 el valor máximo de los regalos que pueden recibir los políticos y cargos públicos tras la repercusión mediática que está teniendo el caso de las joyas encontradas en la casa del ex presidente del Gobierno (PSOE) José Luis Rodríguez Zapatero. Esta petición llega después de las múltiples preguntas que se plantea tanto la justicia como la sociedad sobre el origen de estas joyas, valoradas en más de un millón de euros, y si se ha tributado por ellas.
En un comunicado, los técnicos lamentan que la Ley de Transparencia y Buen Gobierno siga recogiendo conceptos indeterminados como el uso “habitual, social y de cortesía” que permite a estos personajes públicos la aceptación de regalos que en muchos casos tiene un valor económico elevado según los estándares españoles. “Esta indeterminación dificulta la aplicación homogénea de la norma, genera “inseguridad jurídica y puede afectar a la confianza de los ciudadanos en las instituciones”.
GETSHA defiende la puesta en marcha de una reforma legislativa que establezca criterios claros y unos límites cuantitativos claros para políticos, altos cargos, autoridades, empleados públicos, jueces y magistrados. La propuesta ha tomado como punto de partida el Código de Conducta de las Cortes Generales que fue aprobado en octubre de 2020 por el que se prohíbe aceptar regalos, favores, invitaciones o viajes cuando superen los 150 euros.
Los regalos que superen los 150 deberán pasar a Patrimonio
La primera de estas reformas conlleva que se establezca un umbral de 150 euros, y que cuando se pase de esta cuantía, el obsequio o regalo pase a integrarse en el patrimonio público. La regla se aplica con independencia de las costumbres que haya en el país de origen de la persona o de la entidad que entrega el regalo. Una vez que se cumpla con este primer paso, la información tendrá que ser pública en la web de cada institución.
En el registro tendrán que aparecer la fecha de recepción, valor del obsequio y el destino final del regalo, bien para uso personal con autorización o su incorporación al patrimonio de la administración.
Jueces y funcionarios tendrían que cumplir la norma
La propuesta realizada por los Técnicos de Hacienda no afecta sólo a los políticos, ya que piden que se cambie la Ley Orgánica del Poder Judicial de modo que se incorpore de manera expresa el principio recogido en el Código Ético de la Carrera Judicial en el que se recomienda que los jueces y magistrados no acepten regalos o atenciones que sobrepasen las convenciones sociales o comprometan su imparcialidad.
Debería reformarse, aseguran, el artículo 54 del TREBEP (Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público) de modo que se limite a 150 euros los regalos que pueden recibir los funcionarios y personal laboral trabajadores de la administración pública.
El motivo es la defensa de la transparencia que no podrá depender de los conceptos abiertos o de las valoraciones subjetivas encontrando en esta limitación el mejor modo de proteger la integridad institucional.
Los regalos de alto valor deberán declararse en el Impuesto de Donaciones
Los regalos que tengan un valor relevante tendrán que ser declarados en el Impuesto de Donaciones, y en el caso de presentes entre personas sin parentesco, la tributación podría ser alta cuando el valor sea elevado. Deberá presentarse una declaración por el valor de los regalos entregados por cada persona en el plazo de un mes.
Corresponde hacer una declaración por el valor de los regalos que haga cada persona, debiéndose declarar tantas veces como personas diferentes regalen en el plano de un mes desde que se reciben, prescribiendo a los 5 años sin la opción de liquidarlas por las administraciones tributarias autonómicas.
