El Gobierno de España, por medio del ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, está estudiando cambiar la normativa con la que se rige el Ingreso Mínimo Vital (IMV) para permitir que se perdonen determinadas deudas que se hayan generado a consecuencia de los cobros indebidos. Las cuantías se reclaman a las familias cuando se revisa el expediente y la administración encuentra que se ha ingresado una cantidad superior a la que les correspondía.
El departamento de Elma Saiz ya ha dado a conocer su intención al Comité Europeo de Derechos Sociales, que depende del Consejo de Europa e investiga el funcionamiento del IMV tras una reclamación que presentó la asociación ATD Cuarto Mundo, que se puede leer en este enlace.
La medida no está aprobada y por parte del Ejecutivo no se han concretado datos que son importantes como, por ejemplo, qué beneficiarios podrían acogerse, qué cuantías quedarían anuladas o cuándo se pondrá en marcha. Sólo se sabe que es una iniciativa que se está estudiando, pero nada más.
Casi 320.000 expedientes de devolución tramitados
Desde 2021 se han abierto en torno a 320.000 expedientes para reclamar devoluciones del IMV según los datos que ha facilitado el área de Saiz al Comité Europeo de Derechos Sociales. Según los datos a los que ha accedido eldiario, hasta el mes de julio de 2024 la Seguridad Social ha reclamado unos 500 millones de euros a personas que tenían aprobado el IMV, de acuerdo con la información que se envió al Defensor del Pueblo.
Los números equivalentes al mes de junio sobre el pago de esta prestación para hogares en los que entran pocos ingresos revelan que 860.000 hogares lo están cobrando y desde ATD Cuarto Mundo se apunta a que “desde la experiencia de los afectados puede estar por debajo del número real dado que los expedientes cuentan con cinco años para ser revisados”.
Las devoluciones se producen por el sistema empleado para calcular y revisar la prestación porque para darle el visto bueno y que la familia demandante empiece a cobrarlo se tienen en cuenta datos como los ingresos del hogar correspondientes al ejercicio anterior y cotejados con la Agencia Tributaria.
Luego, cuando Hacienda recibe los nuevos datos, se vuelve a comprobar el nivel de ingresos y si se considera que ha cobrado de menos, reconocen los atrasos pero en el caso de que hayan recibido dinero de más, se produce la devolución parcial o total del dinero.
En 2025 se cambió este procedimiento de revisión en parte, y desde ese momento se hace una comprobación entre mayo y junio y otra en octubre para detectar los cambios en los ingresos y reducir las cantidades que luego se exigen a las familias.
La ONG pide que este perdón de las deudas llegue a las anteriores
Por parte de las entidades sociales, se ha aplaudido que el Gobierno permita que se perdonen parte de las cuantías reclamadas, pero aseguran que la propuesta sería insuficiente si sólo afecta a los expedientes pendientes vinculados a los años 2024 y 2025.
Consideran que habría que incluir a quienes llevan años pagando o recurriendo deudas generadas por las revisiones del IMV, y aseguran que en muchos casos los expedientes vienen de prestaciones reconocidas de oficio por la Seguridad Social.
El Comité Europeo de Derechos Sociales, por su parte, analiza si el diseño y la aplicación del IMV vulnera los derechos que se reconocen en la Carta Social Europea (CSE).
