El Gobierno ha dado el primer paso para endurecer la regulación del crédito al consumo. El anteproyecto de Ley de Contratos de Crédito al Consumo prohibirá que los bancos concedan crédito a un cliente que no lo haya solicitado previamente y sin su consentimiento expreso. De esta manera, la nueva norma tiene como objetivo acabar con prácticas que pueden llevar a muchas personas a endeudarse más de lo previsto.
El texto, promovido por el Ministerio de Economía (que puede leerse aquí), establece que “se prohíbe toda concesión de crédito a los consumidores que no hayan solicitado previamente y sin su consentimiento expreso”, cerrando la puerta a la concesión unilateral de financiación por parte de las entidades bancarias.
De este modo, la medida pone fin a situaciones en las que algunos bancos ampliaban el límite de una tarjeta de crédito o ponían a disposición del cliente nuevas líneas de financiación sin que este hubiera realizado una solicitud expresa. Así, con esta normativa, cualquier concesión de crédito deberá contar con una autorización por parte del consumidor.
No obstante, esta prohibición no impedirá que los bancos sigan ofreciendo créditos preautorizados a sus clientes; la diferencia es que dichas ofertas no podrán convertirse en financiación efectiva hasta que acepte expresamente la operación. Es decir, las entidades podrán informar de la disponibilidad de un crédito, pero no activarlo por iniciativa propia.
Límites a las tarjetas revolving
Entre las novedades del anteproyecto, también destaca un mayor control sobre las tarjetas revolving, un producto que ha estado en el foco de numerosas reclamaciones judiciales durante los últimos años debido a sus elevados intereses.
Por ello, esta ley contempla límites al coste de determinados créditos, nuevas obligaciones de transparencia para las entidades financieras y una ampliación de la supervisión del Banco de España sobre todas las empresas que concedan financiación al consumo.
Así, la iniciativa llega en un contexto en el que cada vez más familias recurren a la financiación para afrontar gastos diarios, y el encarecimiento del coste de la vida y la pérdida de poder adquisitivo han impulsado el uso de préstamos personales, pagos aplazados y otros productos de crédito. Algo que preocupa a las autoridades por el riesgo de sobreendeudamiento.
Sin embargo y, por el momento, el texto se encuentra en fase de tramitación y todavía no ha entrado en vigor, ya que antes deberá superar los distintos procedimientos parlamentarios previstos hasta su aprobación definitiva.
