Aprobada la nueva Ley de Industria con medidas que limitan la deslocalización y protegen el empleo

El Gobierno ha aprobado este martes, en Consejo de Ministros, el proyecto de Ley de Industria y Autonomía Estratégica, que establece las bases de ordenación del sector industrial y el marco de la política industrial española, así como los criterios de coordinación entre las administraciones públicas. Para el ejecutivo, esperan que la norma sea un “cambio de paradigma” tras 32 años, ya que la legislación sectorial vigente se aprobó en el año 1992.

“La Ley no se limita a poner al día la norma actual, sino que supone un antes y un después de la industria española, a través de nuevos instrumentos de política industrial y gobernanza industrial. Aportará modernización, certidumbre y eficiencia. Tenemos un gran objetivo que es la reindustrialización. Esta ley tiene vocación al servicio del país y buscaremos el máximo consenso con los grupos políticos. España está ante una gran oportunidad ante el desarrollo de una política de reindustrialización”, ha señalado el ministro Jordi Hereu.

El objetivo, como ha explicado su ministerio, es impulsar una nueva estrategia industrial para incrementar el peso de la industria en la economía española y el empleo, mejorar su competitividad y hacer posible su contribución a los objetivos de descarbonización de la economía y de transformación digital. 

Entre las novedades más destacas, se encuentra los límites a la deslocalización. Bajo el fin de “asegurar las inversiones realizadas en España”, cualquier empresa que quiera finalizar su actividad industrial en España, tendrá que anunciarlo con 9 meses de antelación al Gobierno. Además, en el caso de haber recibido ayudas públicas superiores a 3 millones de euros, tendrán que devolverlas si reducen en más de un 65% su producción o en 500 personas o más su plantilla.

Principales medidas de la Ley de Industria 

Además de las anteriores, estas son las principales medidas que recoge la recién aprobada Ley de Industria y Autonomía Estratégica:

• Creación del Consejo Estatal de Política Industrial (CEPI) como órgano consultivo, que coordinará las acciones de la AGE en el desarrollo del PIAE.
• Se reconoce una especial protección a la industria intensiva en energía (eléctrica o gas). El Gobierno establecerá medidas de apoyo que faciliten la descarbonización de sus procesos y su transición energética. Las instalaciones industriales que se acojan a estas medidas deberán disponer de un plan de eficiencia energética y transición ecológica a largo plazo, que describa la senda de descarbonización de la instalación.
• Dotación a los grandes proyectos industriales de una nueva herramienta destinada a facilitar y acelerar la implementación de la inversión industrial.
• Se articularán medidas de apoyo a los Ecosistemas Industriales Estratégicos. Se habilita la posible concesión de ayudas públicas sin concurrencia competitiva, y grupos de trabajo específicos de simplificación administrativa. También podrán reconocerse nuevos Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) más allá de la vigencia del PRTR, que tendrán que estar enmarcados “en al menos un ecosistema industrial o un reto identificado como estratégico”.
• Creación de la Reserva Estratégica de las Capacidades Nacionales de Producción Industrial, la RECAPI. Se trata de un instrumento, un fondo de productos y capacidades estratégicas, susceptibles de movilizarse con rapidez ante una situación de crisis.