Hacienda ya ha activado el sistema Verifactu. ¿De qué se trata? Tal como describe la propia Agencia Tributaria, es el término que engloba el “reglamento que establece los requisitos que deben adoptar los sistemas y programas informáticos o electrónicos que soporten los procesos de facturación de empresarios y profesionales, y la estandarización de formatos de los registros de facturación, aprobado por el Real Decreto 1007/2023, de 5 de diciembre”.
O, lo que es lo mismo, se trata del primer paso para que autónomos y empresas deban emitir electrónicamente sus registros de facturas a la Agencia Tributaria. Una medida que se anunció hace tiempo pero que, sin embargo, llega a un tejido empresarial “todavía muy poco preparado”. Así lo recoge un informe de TeamSystem, que señala que el 69% de los trabajadores por cuenta propia y el 45% de las micropymes siguen facturando a mano, con papel, boli o Excel.
Así pues, el sistema Verifactu ha llegado con tres meses de adelanto sobre el calendario previsto, pudiendo ya empresas y autónomos con una facturación inferior a 6 millones de euros remitir de forma automática sus facturas simplificadas (tickets) y sus facturas emitidas.
No obstante, hay que recalcar que se trata de un acceso voluntario, ya que la obligatoriedad llegará en 2026. En concreto, desde el 1 de enero de 2026 para las empresas que declaran por Sociedades y desde el 1 de julio para los autónomos, aunque Hacienda ya ha puesto a disposición de las empresas y proveedores de software el entorno de pruebas para que puedan comenzar a validar sus sistemas antes de la entrada en vigor oficial.
9 de cada 10 negocios desconocen los detalles de la normativa
Según estimaciones de TeamSystem, la facturación manual genera pérdidas superiores a los 3.600 millones de euros al año por errores, duplicidades y tiempo improductivo. La entrada en vigor del sistema Verifactu, que se enmarca en la Ley Antifraude y está relacionado con la Ley Crea y Crece, “marca un punto de no retorno. La digitalización de los procesos de facturación ya no es una recomendación, sino una obligación legal inminente”. A pesar de ello, y según el estudio, 9 de cada 10 negocios aún desconocen los detalles de la normativa que afectará a su operativa diaria.
El informe también revela que una gran parte de los negocios teme un aumento de la carga de trabajo, de los gastos y una posible pérdida de control sobre sus datos. Casi el 30% de los encuestados ve más inconvenientes que ventajas en la factura electrónica, y casi 4 de cada 10 esperarán a que sea obligatoria para adaptarse, lo que pone en riesgo el cumplimiento y multiplica el riesgo de sanciones.
Por otro lado, el estudio analiza también la preparación de las asesorías, que gestionan la facturación de 3 de cada 10 negocios. Aunque dos de cada cinco asesores valoran positivamente la nueva ley por su potencial de agilidad, la mayoría aún no cuenta con herramientas adecuadas ni procesos estandarizados para acompañar a sus clientes en esta transformación.
