El Ministerio de Trabajo y Economía Social, ahora en funciones, en conjunto con la Inspección de Trabajo y la ayuda de la Fiscalía, continúan en su lucha imparable para evitar la contratación de falsos autónomos en España. Un año después de la conocida como Ley Riders, la cual persigue este objetivo, la administración que dirige Yolanda Díaz ha incorporado en el periodo de enero a septiembre de 2023 a 29.899 trabajadores a cotizar en el Régimen General.
Estos casi 30.000 empleados, que antes eran falsos autónomos, pertenecen a los 88.074 que desde 2020 hasta el mes pasado tenían contratación irregular. De cara a la Seguridad Social, esto se traduce en un mayor ingreso por las cotizaciones. Según apuntan desde Trabajo, el total recaudado en expedientes recaudatorios asciende a 323,93 millones de euros desde que se inició es inspección masiva a las empresas.
En total, la Inspección de Trabajo efectuó un total de 41.922 actuaciones, lo que ha resultado un aumento de las infracciones contra esta administración de 45.791, siendo el 2022 el ejercicio económico donde más regularidades se destaparon por parte de los inspectores. Por hacer una comparativa, este año las detectadas solo han sido de 14.363 hasta septiembre, frente a las 27.380 del año anterior.
Como ha apuntado durante la presentación de estos datos la ministra de Trabajo: “por muy grande que sea una empresa, no se va a consentir que se constituya u crezca al margen de la ley”. Una lucha que ha caracterizado su mandato y su reforma laboral.
¿Cuáles son los sectores de actividad donde más falsos autónomos hay contratados?
Desde el Ministerio de Trabajo no han dado a conocer cuáles son los sectores donde hay más falsos autónomos contratados en 2023. Lo que sí se conoce es que en el periodo de 2020 a 2022, la inspección destapó esta contratación irregular mayoritariamente en los sectores del transporte y el almacenamiento.
De ahí el nacimiento de la Ley Riders y de su lucha contra la empresa Glovo. Una ‘startups’ de reparto a domicilio donde se acumularon grandes irregularidades en la contratación de sus empleados. Actualmente, acumula una infracción con el organismo de casi 300 millones de euros impuesta por la Fiscalía.
El resto de los sectores donde más se realiza esta práctica corresponden con el comercio y la reparación de vehículos (talleres mecánicos) en un 12,8%. También en actividades administrativas, en industria manufacturera, información y comunicaciones, educación y las que menos en el sector sanitario y de servicios sociales y de la construcción.
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