Hacer obras que afectan a las zonas comunes de un edificio puede terminar generando problemas cuando se hacen sin la autorización de la comunidad de vecinos. Es lo que le ha ocurrido al comprador de una vivienda en Francia, que mantuvo una puerta desde la terraza de su casa a la piscina de la comunidad sin pedir autorización a la comunidad y la justicia ha terminado obligándolo a cerrarla.
Según la sentencia recogida por el Bufete de Abogados Kohen, el hombre compró en 2017 una propiedad formada por dos apartamentos, dos sótanos y dos plazas de aparcamiento en un edificio. Cuando compró las propiedades, la puerta de acceso a la piscina ya estaba instalada, la había puesto el antiguo propietario con el permiso de la comunidad, pero en la escritura de compraventa se establecía que debía quedar inutilizada después de la venta.
El comprador se comprometió a pedir una nueva autorización en una junta de propietarios para mantener ese acceso, pero nunca llegó a hacerlo. Pese a ello, siguió utilizándola para acceder desde su casa directamente a la piscina.
La comunidad pide que cierre la puerta porque nunca tuvo autorización
El conflicto llegó a los tribunales después de que el propietario demandara a la comunidad por otro desacuerdo relacionado con los gastos del ascensor. La comunidad aprovechó el procedimiento para reclamar que se eliminara la puerta y se devolvieran las zonas comunes a su estado anterior.
El propietario defendió que el acceso existía desde hacía años y alegó también que lo necesitaba por razones de accesibilidad, ya que tanto él como su pareja tenían problemas de movilidad.
Sin embargo, el tribunal rechazó este argumento porque las obras no estaban destinadas a facilitar el acceso a su vivienda, sino únicamente a permitirle entrar directamente en la piscina comunitaria. Además, tuvo en cuenta que el propio vecino reconocía que nunca había solicitado permiso a la junta.
La justicia consideró además que la comunidad todavía estaba a tiempo de exigir la retirada, al tratarse de una actuación que afectaba a zonas comunes y estar sometida a un plazo de prescripción de 30 años.
Por este motivo, el vecino tendrá que cerrar el acceso que comunicaba directamente su terraza con la piscina, pese a que la puerta llevaba años instalada y había existido con autorización antes de que él comprara la vivienda.