Cuando se compra una vivienda, las escrituras suelen delimitar el terreno que corresponde a la finca, pero esta información en ocasiones puede no ser correcta, y llevar a los propietarios a pensar que les corresponden más metros de los reales. Esto es lo que les ha pasado a los vecinos de un barrio en Derbyshire, Reino Unido, quienes, tras décadas disfrutando de sus jardines traseros, han recibido una notificación municipal que les acusa de allanamiento.
Según la información publicada en el medio británico The Sun, el conflicto afecta a 34 viviendas a las que el ayuntamiento les reclama hasta 20.000 euros si quieren conservar el patio de sus viviendas; en el caso de que no paguen, amenaza con construir un muro para que no puedan acceder a esa parte de la que hasta ahora era su vivienda.
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El consistorio asegura que los vecinos están invadiendo ilegalmente una franja de terreno público que linda con un afluente del río y dos reservas naturales. Ese terreno pertenece desde 1955 a la autoridad local, y aunque en su día se ofrecieron contratos de alquiler a los antiguos residentes, los propietarios actuales aseguran que nadie les informó de este acuerdo al adquirir los inmuebles.
“Nos tratan como si fuéramos criminales por nuestro propio patio”
Los afectados explican en el medio que han invertido mucho tiempo y dinero en acondicionar sus jardines levantando terrazas, talleres, invernaderos, cobertizos y plantando árboles frutales. Ahora, la administración local les exige el pago de unos 168 euros por metro cuadrado si quieren legalizar la propiedad.
Para alguno de los propietarios, la factura total para no perder sus 100 metros cuadrados de jardín asciende a casi 17.000 euros (14.000 libras esterlinas). "No sabíamos nada de esto cuando compramos la casa; yo creía que era mi terreno", explica el afectado, visiblemente indignado con la gestión municipal y con los abogados que realizaron las búsquedas de tierras en su día sin detectar ninguna anomalía.
“Quitarnos este terreno para dejarlo abandonado es una verdadera maldad". Además, añade que la Unidad Nacional de Vida Silvestre ha advertido que retirar los setos y árboles sin estudios previos supondría un delito ecológico.
Otra de las residentes afectadas comparte la misma sensación de desprotección tras recibir una reclamación inicial de casi 10.000 euros, rebajada posteriormente a unos 4.800 euros. Vivo aquí desde 2019 y esto no apareció en los papeles de los abogados. "Por cómo nos están tratando, parece que seamos criminales por el simple hecho de mirar la casa y dar por hecho que la comprábamos entera", lamenta, rechazando también la opción de un alquiler mensual de 84 euros que les ha propuesto la administración.
Los vecinos plantan cara al ayuntamiento y se niegan a ceder el terreno
La indignación en el barrio es absoluta y algunos propietarios han decidido ignorar por completo las cartas del consistorio. Uno de los vecinos, que lleva 26 años residiendo en su vivienda y que no supo de este litigio hasta 2023, se muestra tajante ante la orden de levantar una valla para partir su jardín por la mitad: “No voy a devolver nada. No hay forma física de que puedan entrar aquí a derribar nada porque hay árboles de 15 metros de altura totalmente asentados. Si quieren poner una valla, que vengan y la pongan ello”.
La polémica ha llegado a terreno político y una concejala ha calificado al ayuntamiento de "piratas", acusándoles de buscar una oportunidad fácil para recaudar dinero a costa de los contribuyentes. No les sirve para nada; el terreno no tiene acceso físico, no se puede cultivar ni edificar. "Están tratando a estos residentes de una forma repugnante", denuncia la edil, recordando que el precio que exige el consistorio duplica el valor de las tierras agrícolas de mayor calidad del país.
Por su parte, un portavoz del Ayuntamiento ha defendido la legalidad de la medida alegando que tienen la obligación de gestionar los bienes públicos de forma responsable en beneficio de todos los ciudadanos. Asegura además que desde el consistorio se han ofrecido opciones flexibles y precios reducidos a los propietarios para regularizar sus parcelas.