Poner un plato de comida a los animales callejeros es un gesto habitual para muchos amantes de los animales, pero la ley ahora lo vigila de cerca. La Ley de Bienestar Animal prohíbe alimentar de forma libre y descontrolada a todos los gatos que viven en la calle.
A partir de ahora, las personas que quieran dar de comer a estos animales necesitan una autorización y un carné oficial que dan los ayuntamientos. La norma estatal no busca castigar a los ciudadanos, sino ordenar el control de los gatos para asegurar la limpieza y la salud en los barrios.
Carné obligatorio para los cuidadores
El Boletín Oficial del Estado (BOE) regula esta actividad dentro de la Ley 7/2023. En su Artículo 39.1, se establece que "corresponde a las entidades locales la gestión de los gatos comunitarios, a cuyos efectos deberán desarrollar Programas de Gestión de Colonias Felinas".
Para que esto funcione, se exige que las personas que atienden a los animales tengan preparación y estén registradas. Por su parte, el Artículo 40.f es quien obliga a los ayuntamientos a incluir la "formación y acreditación de las personas cuidadoras de las colonias".
Por tanto, cualquier ciudadano que ponga comida a los gatos libremente, fuera de estos programas oficiales y sin el carné de cuidador autorizado, comete una infracción. Los ayuntamientos entregan este documento solo a los voluntarios que hacen unos cursos de formación gratuitos. Estos cuidadores oficiales deben cumplir unas normas muy sencillas: poner únicamente pienso seco en puntos específicos, mantener las zonas limpias y retirar los restos de comida para evitar plagas de insectos o ratas.
Multas de hasta 10.000 euros por dar comida libremente
El plan de sanciones de la ley castiga con diferentes multas económicas a los vecinos que se salten las normas de alimentación:
- Infracción leve (Multa de 500 a 10.000 euros): Ocurre cuando un ciudadano alimenta a los gatos por la calle ignorando los protocolos del ayuntamiento y ensuciando la vía pública (Artículo 73 y Artículo 76.1.a).
- Infracción grave (Multa de 10.001 a 50.000 euros): Ocurre si el ciudadano alimenta a los gatos con vísceras, cadáveres o restos de carne sin control veterinario, ya que esto genera un problema grave de insalubridad (Artículo 74.o).
El método CER para controlar a los felinos
El Gobierno apoya los programas locales basados en el método CER (Captura, Esterilización y Retorno). Este sistema sirve para frenar el nacimiento de nuevos cachorros y actualmente gestiona más de 15.000 colonias de gatos en toda España.
Según los datos oficiales, solo el 4% de los gatos que recogen los servicios municipales lleva el microchip obligatorio, cifras que impiden que las autoridades locales localicen fácilmente a los dueños si el gato se ha escapado o, en su caso, que encuentren un hogar de manera más rápida.