El acuerdo entre PP y Vox para facilitar la investidura como presidente de la Junta de Andalucía de Juanma Moreno Bonilla cuenta con algunas medidas que ya han sido controvertidas y motivo de debate en otras Comunidades Autónomas en las que ambos partidos gobiernan en coalición. El documento acordado cuenta con 60 páginas donde incluyen 150 propuestas, marcando una hoja de ruta en la Comunidad Autónoma en la que destacan medidas como el acceso a la vivienda protegida, la prohibición del burka en espacios públicos y una revisión de las partidas destinada a subvenciones.
En el pacto de contempla un calendario de cumplimiento, una fecha tope en la que deberá ponerse en marcha cada una de las iniciativas en las que se pueden encontrar actuaciones en áreas como inmigración, familia, vivienda, sanidad o el sector primario. Pero también referentes a la fiscalidad, con una contención en el pago de impuestos, gasto público o las consideradas como leyes con carácter más ideológico.
Uno de los puntos clave de este documento, que ha generado un amplio debate desde el momento en que el partido de Santiago Abascal lo dio a conocer, es el de la prioridad nacional. En este caso, hace referencia al pago de ayudas públicas o al acceso a una vivienda. De este modo, habrá que demostrar que el arraigo es “real, duradero y verificable” y pedirán un empadronamiento ‘histórico’ de 10 años en Andalucía y España para acceder a la compra de una casa y 5 en el caso de que sea alquiler.
Prohibición del burka y control en las prestaciones
Uno de los bloques que más controversia genera en la sociedad es el de la inmigración. Ya se vieron reacciones dispares a nivel nacional cuando comenzó el proceso de regularización masiva de personas migrantes y ahora, en el acuerdo se contempla la prohibición del uso de burka en los espacios públicos y la creación de un servicio específico contra el fraude en las prestaciones de modo que se controle tanto el acceso como el uso de ciertas ayudas públicas.
Otra de las medidas referentes a este apartado de la inmigración es la de la repatriación de menores migrantes a sus países de origen, y señalan que esto debería realizarse tras pedir al Estado que se reforme la Ley Orgánica 4/2000 que regula los derechos, libertades e integración social de las personas extranjeras, defendiendo adaptar la norma española al reglamento europeo de retornos.
Piden que se realice una auditoría al año del coste sanitario de la atención a extranjeros, y otras medusas en lo que tiene que ver con la salud como, por ejemplo, las listas de espera, retrasos en las operaciones, en las pruebas diagnósticas y en consultas externas. Es necesario, argumentan, que se refuerce la Atención Primaria para que se garantice la consulta el mismo día tanto en procesos agudos como en pediatría.
Construcción de 20.000 VPO
El mercado de vivienda las propuestas es tener al menos 20.000 VPO con una simplificación de los trámites para facilitar la construcción de viviendas y la lucha contra la ocupación.
Al mismo tiempo, muestran su rechazo a la Ley Estatal de Vivienda planteando medidas para frenar la ocupación ilegal.
Menos subvenciones a sindicatos y bajada de impuestos
El gasto público también ocupa una buena parte del documento, ya que se propone un sistema anual que permita identificar y terminar con lo que no sea productivo. En este sentido, solicitan que se rebaje en un 50% las subvenciones destinadas a los sindicatos, organizaciones empresariales y entidades privadas que no puedan acreditar utilidad pública.
Nuevas deducciones en el IRPF por educación, con ayudas para la compra de gafas graduadas, familias numerosas y pacientes con ELA junto con la supresión de impuestos que son exclusivos en Andalucía con lo que mejorar la presión fiscal de las familias, los autónomos y las empresas.
Potenciar la agricultura andaluza
El pacto contempla un “blindaje” ante la Agenda 2030 impulsada por el Gobierno de España y un “rechazo formal” al acuerdo entre la UE y Mercosur, posicionándose contra la PAC (Política Agraria Común) y declaran a Andalucía “libre de las cargas del pacto verde”.
Abogan por la eliminación del gasto superfluo, reduciendo en el 50% algunas subvenciones a sindicatos, organizaciones empresariales y entidades privadas que no acrediten utilidad pública. Las ayudas que parten de las arcas de la Comunidad Autónoma deberán justificarse.
El texto recoge también aspectos interesantes sobre la fiscalidad señalando la importancia de bajar impuestos y ayudar a las familias y empresas con deducciones en el IRPF por educación, por las gafas graduadas, para familias numerosas o personas diagnosticadas de ELA. Se eliminarán algunos gravámenes que son de Andalucía de modo que se reduzca la presión en los bolsillos de miles de personas.