El Gobierno ha criticado el acuerdo alcanzado entre el Partido Popular y Vox para gobernar en Extremadura, especialmente por sus medidas en materia de vivienda. Según recoge Europa Press, el Ministerio de Vivienda califica de “racistas y xenófobos” los criterios de acceso a vivienda pública basados en la “prioridad nacional” y traslada su rechazo a estas propuestas, al tiempo que asegura que velará por el respeto a la igualdad.
Desde el Ejecutivo subrayaron que “una vez más” la derecha y la extrema derecha están centrando el debate en problemas “que no son reales” y defendieron que en Extremadura “el problema es la despoblación, no la migración”. Además, advirtieron de que estas medidas podrían dificultar el regreso de ciudadanos que han salido de la región en busca de oportunidades, según la información publicada por Europa Press.
Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue más allá asegugrando que el Ejecutivo actuará “con toda la fuerza del Estado de derecho” si el pacto se traduce en leyes que vulneren derechos. Según recoge EFE, el jefe del Ejecutivo califica el acuerdo como “un bloqueo, un frenazo, una involución” para el desarrollo de Extremadura.
Sánchez alerta de un retroceso en derechos y oportunidades
Durante una comparecencia en Barcelona, Sánchez advirtió de que el pacto puede suponer un retroceso en derechos y en el desarrollo económico de la región. En este sentido, afirmó que las medidas planteadas traicionan la historia de Extremadura, una tierra marcada por la emigración.
El presidente recordó que muchos extremeños tuvieron que abandonar su comunidad en busca de oportunidades y defendió la necesidad de garantizar derechos de ciudadanía en igualdad de condiciones. Asimismo, alertó de que algunas de las propuestas incluidas en el acuerdo pueden poner en riesgo sectores clave como las energías renovables.
Críticas a la política de vivienda y al modelo autonómico
Desde el Ministerio de Vivienda insiten en que el Gobierno garantizará la transparencia en la adjudicación de viviendas financiadas con fondos estatales y evitará situaciones irregulares. También han mostrado su preocupación por que los criterios acordados puedan generar discriminación en el acceso a vivienda protegida.
Por su parte, Sánchez alertó de que la apuesta por la desregulación que plantean PP y Vox implica un recorte de derechos y puede afectar a estructuras sociales consolidadas.