El Gobierno ha rechazado de plano las recientes acusaciones de incumplimiento lanzadas por Comisiones Obreras (CCOO) contra el Ministerio de Trabajo respecto a la nueva normativa de prevención de riesgos.
El Ejecutivo aclara que el desarrollo de los reglamentos sobre cambio climático y riesgos psicosociales se tramitará obligatoriamente tras la aprobación de la ley, y no en paralelo, para respetar los plazos normativos vigentes en España.
“No se pueden poner los bueyes antes del arado”
Al ser preguntado por NoticiasTrabajo durante la rueda de prensa sobre los datos de paro registrado y de afiliación a la Seguridad Social correspondientes al mes de abril de 2026, Joaquín Pérez Rey, el Secretario de Estado de Trabajo, ha sido tajante ante las dudas sobre este retraso.
"Una mínima lógica elemental de fuentes normativas y jurídicas sabe que primero se hacen las leyes y luego se desarrollan reglamentariamente", ha sentenciado. Para el Gobierno, el pacto firmado con los propios agentes sociales establece de manera clara el procedimiento. "No se pueden poner los bueyes antes del arado", ha ironizado el portavoz.
“España es uno de los países más avanzados del mundo”
Desde el Ministerio defienden que el propio anteproyecto, avalado por los sindicatos, "mandata al Gobierno a desarrollar en el año posterior a su entrada en vigor los reglamentos de desarrollo".
A pesar de este choque con CCOO, Trabajo no se detiene. El Ejecutivo asegura que esta primera reforma en 30 años convierte a España en "uno de los países más avanzados del mundo" al incorporar obligaciones preventivas ante temperaturas extremas y riesgos psicosociales.
Este desencuentro suma un nuevo frente en la reciente ofensiva legal de CCOO contra la Administración Pública. Tan solo hace un par de meses, en marzo de 2026, el sindicato ya denunció al Ministerio de Justicia ante la Inspección de Trabajo por la posible exposición de más de 2.000 trabajadores al gas radón, alegando falta de vigilancia sanitaria.
Sin embargo, previamente, en mayo de 2025, la organización cargó contra el deterioro y la falta de recursos de la Inspección de Trabajo en la gestión provincial de Madrid.