El Consejo Económico y Social (CES) considera necesaria la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales aprobada por el Gobierno el pasado abril, para adaptarla a los cambios tecnológicos, climáticos y demográficos, aunque advierte de que el anteproyecto elaborado por el Ministerio de Trabajo incorpora aspectos que pueden generar dificultades de interpretación y aplicación práctica.
Así lo señalan en el dictamen aprobado por el órgano consultivo, recogido por Europa Press, sobre la modificación de la Ley 31/1995, en el que han destacado que una reforma de esta magnitud debería contar con el mayor consenso posible entre los agentes sociales.
El Consejo lamenta además el poco tiempo que se les ha concedido para analizar en profundidad todas las medidas e intentar acercar posturas. En este sentido, aclaran que su función es contribuir a mejorar las normas mediante el diálogo entre las organizaciones que lo integran y consideran que ese objetivo se ha visto limitado por los plazos de tramitación del anteproyecto.
Medidas que se respaldan para reforzar la protección de los trabajadores
Entre los aspectos mejor valorados, el Consejo destaca que la reforma reconozca la ergonomía y la psicosociología aplicada como especialidades preventivas independientes, una medida alineada con los acuerdos alcanzados en la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
También considera como un punto positivo que se incorporen nuevas medidas para reforzar la protección de las trabajadoras durante el embarazo, el parto reciente y la lactancia, así como de las personas menores de edad, al entender que mejoran la prevención en situaciones de especial vulnerabilidad.
No obstante, señalan que sería necesario que se estableciera un periodo transitorio suficientemente amplio para garantizar que exista un número adecuado de profesionales con la formación necesaria para aplicar los cambios previstos en la futura norma.
Las organizaciones empresariales cuestionan parte de la reforma
El dictamen también refleja las discrepancias que existen entre las organizaciones que forman parte del CES. Por un lado, las patronales CEOE y Cepyme consideran que algunas de las modificaciones planteadas no garantizan una mejora de la seguridad y salud en el trabajo y mantienen problemas ya presentes en la regulación actual, especialmente en lo relativo a las responsabilidades empresariales y a su aplicación en las pequeñas y medianas empresas.
Además, muestran su rechazo a la creación de los agentes territoriales de prevención para empresas de menos de diez trabajadores sin representación legal. Considera que no se ha acreditado la eficacia de esta figura que, por otra parte, podría incrementar la carga administrativa, además de generar dudas sobre sus funciones y su coordinación con la Inspección de Trabajo.
Por el contrario, CCOO y UGT defienden la incorporación de estos agentes al considerar que contribuirán a mejorar el cumplimiento de la normativa preventiva y a reducir la siniestralidad laboral en las pequeñas empresas mediante tareas de asesoramiento, colaboración y promoción de la cultura preventiva.