El Gobierno afronta una votación clave el próximo 28 de abril para sacar adelante el decreto de prórroga de los alquileres, justo en plena crisis de vivienda y con los precios de los inmuebles aún por las nubes. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, aseguró este martes que el Ejecutivo “en su conjunto” trabaja para lograr la convalidación de la norma en el Congreso, una medida que considera esencial ante la actual coyuntura económica y social.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el que se aprobó el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, Rodríguez expresó su “deseo” de que el decreto “salga adelante” y advirtió de que “no se entendería” su rechazo, especialmente teniendo en cuenta que este tipo de medidas ya se aplicaron en el pasado. La iniciativa forma parte del paquete de respuestas del Ejecutivo a las consecuencias derivadas de la guerra en Irán, que han agravado las tensiones sobre el mercado inmobiliario.
La ministra vinculó además la urgencia de la medida con el creciente malestar social en torno al acceso a la vivienda. Según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), este problema se sitúa ya como la principal preocupación de los españoles, un diagnóstico que, en opinión de Rodríguez, obliga a las administraciones a actuar con “determinación”.
Rodríguez aboga por “acabar con la especulación” en vivienda
En este contexto, el Ejecutivo trata de reforzar su estrategia con el nuevo Plan Estatal de Vivienda, que busca coordinar políticas públicas y movilizar recursos para ampliar la oferta y facilitar el acceso. La titular de Vivienda insistió en que la magnitud del problema exige la implicación de todas las administraciones, en especial de aquellas con mayores competencias en la materia, como comunidades autónomas y ayuntamientos.
“Hay que levantar las casas que precisamos y acabar con la especulación, garantizando el derecho a la vivienda para siempre”, subrayó Rodríguez, que defendió la necesidad de sumar esfuerzos institucionales para dar una respuesta estructural a una crisis que, según reconoció, amenaza con convertirse en recurrente si no se adoptan medidas de fondo.
La votación del decreto en el Congreso se presenta así como un primer test político para medir el respaldo parlamentario a las políticas de vivienda del Gobierno, en un momento en el que la presión social y económica sobre el mercado del alquiler no deja de intensificarse.