La Audiencia Nacional de Valencia da la razón a una mujer de 72 años para cobrar una pensión compensatoria vitalicia de 2.000 euros al mes, tras haber dejado de trabajar y dedicarse al cuidado de la familia y el hogar durante más de 35 años. De esta forma, la justicia rechaza el recurso del exmarido que pedía eliminar dicha compensación, ya que había recibido más de 650.000 euros al liquidar sus bienes matrimoniales.
La mujer se divorció de su pareja en el año 2016 tras 35 años de matrimonio. Durante el fruto de esta relación, la mujer tuvo que dejar a un lado su vida laboral para dedicarse a las tareas del hogar, así como acompañar a su marido en sus negocios. El marido recurrió a la justicia alegando que no existía un desequilibrio real y que la fortuna de ella se vio aumentada, mientras la suya bajó de los 702.278 euros a los 250.328 euros. Por ese motivo solicitaba dejar de abonar esta pensión compensatoria vitalicia.
La Audiencia Nacional descarta las alegaciones del exmarido explicando que el derecho a extinguir esta compensación exige que la persona adquiera bienes productivos (como inmuebles), los cuales se puedan alquilar o vender para generar una estabilidad, algo que en este caso no ha ocurrido.
La Sala detalla que, si bien es cierto que la mujer tiene en su cuenta más de 355.00 euros en una cuenta, “…el importe percibido es la mitad del patrimonio ganancial, patrimonio ganancial de ambos, no solo del hombre, y esta suma de dinero no implica el cese de la situación de desequilibrio de la mujer”. Por ese motivo, el tribunal rechaza los argumentos, ya que ese dinero es producto de la división de lo que ya les pertenecía a ambos al 50%.
La edad y dedicación familiar
La Audiencia también detalla que la mujer tuvo que dar portazo a su vida laboral para acceder a las pretensiones del exmarido, señalando que esta tuvo que dedicarse a la familia y trasladándose constantemente a otras ciudades como “París, Londres, Florida, Miami, y Buenos Aires” según las necesidades del trabajo de su exmarido.
Por otro lado, señala la vulnerabilidad de la mujer, pues a los “72 años, no percibe prestación por jubilación, ni tiene derecho alguno a percibir pensión de jubilación” a lo que suma que tiene “problemas de movilidad, no ha accedido ni puede acceder al mercado laboral dada su edad”. Esto mientras su exmarido cobra unos 1.700 euros al mes de jubilación y mantiene inversiones; ella vive del alquiler pagando unos 900 euros al mes de renta y suministros, por los que sí que depende totalmente de la pensión de 2.000 euros para poder subsistir.
Por todo ello, la Justicia determina que la mujer sí tiene derecho a mantener su pensión vitalicia de 2.000 euros al mes, pues el objetivo de esta prestación es el de “garantizar el sustento vital de la mujer por sus años de servicio a la familia”.