Más de 530.000 familias en situación de vulnerabilidad en España tienen derecho a pedir el Ingreso Mínimo Vital a la Seguridad Social y no lo saben, según la quinta evaluación anual de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Según el estudio, esto está provocado por lo que se conoce como el “non take-up” o hogares que no llegan a solicitar la prestación por desconocimiento, ya sea por no saber los requisitos o por la burocracia del sistema.
La AIReF explica en su informe (se puede consultar en este enlace), que el 52% de los hogares que pueden pedir esta prestación de carácter no contributivo no lo hacen. Este porcentaje es mayor para aquellos que tienen derecho al CAPI (Complemento de Ayuda para la Infancia), donde 7 de cada 10 familias tiene derecho a cobrarlo (el 71%). El CAPI es la ayuda económica mensual destinada a familias con menores a cargo para reducir la pobreza infantil y que está incluida en el IMV (aunque se puede cobrar sin tener derecho a este).
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Este desconocimiento hace que ese dinero que el Gobierno destina a combatir la pobreza no sea usado y quede en las arcas del Estado. Aunque el presupuesto anual del Ingreso Mínimo Vital es de algo más de 6.300 millones de euros, el Gobierno solo ha conseguido repartir 3.479 millones de euros (el 55%). Aún peor es el caso del CAPI donde solo se llega a repartir el 30%, es decir, que el 70% de los posibles beneficiarios menores no la reciben.
Con estos datos, la gran pregunta sería: ¿por qué no se pide la ayuda? Según la AIReF los motivos para no pedir la ayuda son dos. El primero es porque el 66% de los expedientes que son denegados se debe a problema para acreditar el empadronamiento o la composición del hogar, unos requisitos que para muchas familias son inasumibles de cumplir al ser vulnerables.
La segunda es que, al calcularse los datos fiscales del año anterior, el 51% de los beneficiarios suele tener cambios en la nómina, lo que provoca dudas sobre si luego la Seguridad Social les reclamará cobros indebidos. Esto último es algo en lo que coincide el funcionario de la Seguridad Social, Alfonso Muñoz Cuenca.
El organismo independiente señala que el sistema penaliza la flexibilidad de los hogares que cuentan, en muchas ocasiones, con trabajos precarios o situaciones de exclusión, por lo que no es fallo a la hora de comunicar el derecho a la ayuda.
La AIReF critica las cuantías del Ingreso Mínimo Vital, donde pueden llegar hasta los 1.613,92 euros (733,60 euros). Explican que, si miramos al mapa europeo, España es donde más ha subido desde su puesta en marcha en 2019. Aunque hay trampa, ya que, a pesar de ser una ayuda tan “generosa”, saca a menos gente de la pobreza que la media de los países europeos. ¿Y por qué pasa esto? Pues porque, aunque muchos logran entrar al sistema, hay otra gente que se queda fuera, lo que hace que, en el cómputo global del país, la pobreza general apenas baje.
Es cierto que la burocracia ha mejorado y el Gobierno de Pedro Sánchez ha logrado reducir el tiempo de espera en las solicitudes a 99 días, pero no dejan de ser más de 3 meses. Pero esto no elimina el principal problema, y es que nada sirve ser más rápidos aprobando ayudas si luego la mitad de los beneficiarios se quedan fuera porque no saben pedirla.