Antonio, dueño de uno de los estancos que más factura en España, denuncia la venta ilegal de vapers en bazares o gasolineras: “Este año voy a tener 180.000 euros de pérdida”

El estanquero atribuye el desplome a la venta de vapers fuera del canal autorizado, una práctica que facilita el acceso de menores y le ha obligado a despedir a dos trabajadores.

Antonio, dueño de uno de los estancos que más factura en España |Cedida a NoticiasTrabajo
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En los últimos años, el consumo de cigarrillos electrónicos se ha extendido cada vez más entre los jóvenes por la falta de barreras a vapeadores no regulados, impulsado por dispositivos de gran formato, sabores llamativos y precios muy competitivos.

Pero, al mismo tiempo, la venta de estos dispositivos fuera de canales autorizados para ello, como bazares, gasolineras, bares o comercios no especializados, está provocando un creciente malestar entre los estanqueros, que denuncian el posible acceso de menores a estos productos, la falta de controles sanitarios y el impacto económico que esta venta tiene sobre los establecimientos que sí operan bajo normativa.

Así lo expresa Antonio, propietario de uno de los estancos que más facturan en España, ubicado en Sevilla, que ha visto cómo una de las líneas de negocio que más había crecido en los últimos años se ha ido desplomando poco a poco. “Desde 2024 la venta de dispositivos de vapeo ha caído un 69%”, explica en una entrevista para NoticiasTrabajo. Una bajada que atribuye a la expansión de vapers que se venden fuera de los canales especializados.

Casi 100.000 dispositivos menos vendidos

Esta caída ha provocado, además, una pérdida muy significativa de actividad. Antonio asegura que en 2024 vendió unas 140.000 unidades, mientras que para este año prevé quedarse sobre las 43.000. Es decir, cerca de 97.000 dispositivos menos, lo que supone un desplome que puede traducirse en “en torno a 170.000 o 180.000 euros de pérdida”, teniendo en cuenta que el margen medio obtenido por cada dispositivo vendido se sitúa entre 1,50 y 2,00 euros por unidad.

Despidos por el desplome de las ventas de vapers

Como consecuencia, Antonio ha tenido que reestructurar su plantilla e incluso despedir a dos trabajadores, uno que estaba contratado a 40 horas y otra empleada a 30 horas. Hasta ahora mantenía dos turnos, uno de mañana y otro de tarde, reforzados para poder atender una venta que, a diferencia de otros productos, exige más tiempo con cada cliente, que suele preguntar por sabores, marcas, número de caladas o funcionamiento del dispositivo.

“La venta de vapers te frenaba un poco más, entonces necesitaba más empleados, pero ha habido que adaptar el personal porque las pérdidas son muy grandes.”

Sin embargo, con la bajada de las ventas, asegura que ya no puede sostener la misma estructura.

“No podemos competir”

Antonio considera que existe una competencia desleal porque los productos que se venden fuera del canal regulado ofrecen más prestaciones aparentes a menor precio. “Yo vendo un vaper de 1.000 caladas a 5 euros”, afirma, asegurando que en otros comercios se pueden encontrar dispositivos de 8.000 o 10.000 caladas por 12 o 15 euros. Algo contra lo que, tal y como señala, “no podemos competir”.

Sin embargo, el problema no está solo en que esos dispositivos resulten más atractivos por precio o por número de caladas, sino que la mayoría no pasan los controles sanitarios exigidos a los productos que se venden en el canal autorizado, además de que su venta queda fuera del circuito regulado y no genera la misma recaudación fiscal para el país. “Se está perdiendo recaudación de impuestos y puestos de trabajo porque ese dinero negro se mueve en otro circuito”, asegura el estanquero.

Así, a diferencia de los bazares, gasolineras, bares, discotecas o comercios no especializados, Antonio comercializa productos que deben cumplir la normativa española y pasar los controles correspondientes, mientras que los dispositivos vendidos fuera del estanco “no se sabe ni quién lo fabrica, ni cómo viene, ni lo que tiene”, y son los jóvenes los que más expuestos están a comprarlos.

El acceso de menores, una de las principales preocupaciones

Antonio advierte que los nuevos formatos están cada vez más pensados para atraer a un público joven. Como ejemplo, señala que en Madrid está empezando a popularizarse un dispositivo “que tiene una pantalla digital que se conecta con el móvil”, un tipo de producto que, según denuncia, no se comercializa en su canal y resulta muy llamativo para los consumidores más jóvenes.

Así, hace hincapié en el problema del acceso de menores a estos productos. Asegura que en su estanco se pide el DNI de forma habitual, mientras que en otros puntos de venta ese control es mucho más difícil

Además, sostiene que en los estancos el control de edad se ha reforzado en los últimos años y que incluso se están incorporando nuevas herramientas para evitar ventas a menores. Según explica, la distribuidora que trabaja con los estancos prevé instalar en su establecimiento un sistema de reconocimiento facial “con 60 parámetros” para identificar mejor a los menores y comprobar su edad.

Pero la preocupación por el acceso de menores también ha llegado al Congreso. Tanto el PP como el PSOE han respaldado una Proposición No de Ley (PNL) para limitar la venta de vapeadores y productos relacionados a canales autorizados y reforzar el control sobre su comercialización, especialmente para proteger a menores y jóvenes. Así, desde el sector esperan que este primer paso se traduzca en más medidas contra los vapers irregulares que se venden fuera del circuito regulado. 

Pide más inspecciones y sanciones

Para frenar esta situación, Antonio reclama campañas informativas dirigidas a los jóvenes y más recursos para inspeccionar los establecimientos que venden estos dispositivos. “Hace falta más presencia y sanciones duras”, afirma, ya que cree que los controles actuales no bastan. “Si les quitan la mercancía no es suficiente”, sostiene. 

En su opinión, la venta fuera del canal autorizado no solo perjudica a los estancos, sino que también reduce la recaudación y aumenta los riesgos para la salud pública. “No es solo por el dinero que perdemos los estanqueros, es un tema de recaudación y, sobre todo, de salud”, concluye.

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