La mejora de las condiciones laborales de miles de trabajadores se está topando con una rigidez normativa que amenaza la viabilidad de los servicios públicos esenciales. Mientras el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ha subido un 75% desde 2015, el precio que las administraciones pagan a las empresas que gestionan estos servicios (como residencias, comedores escolares o limpieza sanitaria) permanece congelado.
Una situación insostenible en unos sectores donde los salarios suponen hasta el 90% de los costes, tal y como expone Javier Sigüenza, presidente de AlianzAS, en una entrevista a ‘NoticiasTrabajo’. Desde la confederación empresarial llevan años pidiendo la modificación de la Ley de Contratos del Sector Público con un objetivo muy claro: poder revisar los precios de los contratos públicos por incrementos imprevistos de costes (como puede ser cuando sube el SMI, por cambios normativos como la reducción de jornada o por crisis como la de Ucrania).
Lo volvieron a hacer este mismo mes de junio en el Congreso, junto a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien siempre ha apoyado su demanda. Al igual que las patronales y los sindicatos.
“La realidad del sector lo exige. Hablamos de actividades donde entre el 80% y el 90% de los costes son salarios. Cuando se aprueba una subida del SMI o un cambio en los convenios colectivos, el impacto en nuestras empresas es inmediato y proporcional al volumen de plantilla, que es enorme. La pregunta no es si eso tiene coste: es quién lo asume”, expone Sigüenza, quien reitera que lo que piden es que ese coste, cuando derive de una decisión normativa externa a las partes que firmaron el contrato, pueda trasladarse al precio del mismo.
“Es una cuestión de lógica contractual básica: si yo firmo un contrato en unas condiciones y el legislador cambia las reglas a mitad de partida, no es razonable exigirme que asuma en solitario esas consecuencias. Especialmente cuando los márgenes del sector son de entre el 2% y el 3%”, agrega. La cuestión aún es más trascendente cuando, desde 2015, el SMI ha subido un 75%. Unas subidas a las que no se oponen, pero que sí deben estar acompañadas de mecanismos de revisión adecuados que “acaben con la rigidez del sistema”.
“Sin posibilidad alguna de revisión en los contratos vigentes, es insostenible por definición”.
Un bloqueo desde 2015 “fundamentalmente político y de criterio, no técnico”
La posibilidad de revisar los precios de los contratos públicos ante el incremento de costes por situaciones sobrevenidas está actualmente bloqueda por una normativa aprobada en 2015, la Ley de Desindexación.
“Hay que actuar sobre la Ley de Contratos del Sector Público, y por coherencia jurídica también sobre la Ley de Desindexación. La Ley de Desindexación de 2015 prohibió con carácter general la revisión automática de precios en los contratos públicos. Pero es la Ley de Contratos del Sector Público la que contempla en la actualidad la regulación de la revisión de precios de los contratos públicos, por lo que es esta última, y en concreto su artículo 103 el que debería modificarse”, aclara el presidente de AlianzAS, que reúne a las empresas de servicios esenciales y representa a más de 1,5 millones de trabajadores.
Esta modificación, asegura, cuenta con un consenso “transversal y unánime” y tienen una posición técnica elaborada, trabajada también con los sindicatos, que contempla la incorporación expresa en la Ley de Contratos de un mecanismo de revisión no automática cuando se produzcan incrementos de costes laborales derivados de cambios normativos.
“El modelo existe ya en directivas europeas y en las legislaciones de varios países de nuestro entorno. No es una propuesta exótica; es ponernos al nivel de lo que ya funciona. Lo importante es que cualquier solución técnica que se adopte contemple los tres elementos que para nosotros son innegociables: que la revisión sea posible ante cambios normativos sobrevenidos, que sea proporcional y justificada caso a caso, y que no requiera recurrir contrato por contrato”.
Sobre por qué, a pesar de estos apoyos, no se ha avanzado en este aspecto en los últimos años, considera que, hasta ahora, el bloqueo ha sido “fundamentalmente político y de criterio, no técnico”. Más en concreto, el ‘veto’ ha venido por parte del Ministerio de Hacienda. Algo que esperan que pueda cambiar tras la salida de María Jesús Montero y la llegada de Arcadi España.
“Estamos en contacto con el gabinete del ministro y esperamos poder concretar una reunión en las próximas semanas. Y lo hacemos con esperanza real, no como un trámite formal”, asegura Sigüenza, quien alaba el nuevo perfil del ministro de Hacienda.
“La llegada de Arcadi España supone una nueva oportunidad de diálogo y un perfil que genera expectativas positivas. Es un político con trayectoria en hacienda autonómica, conoce bien los problemas de las administraciones locales —que son quienes en su mayoría contratan nuestros servicios—, y se ha definido a sí mismo como dialogante y empático. Son los valores que necesitamos en esta negociación”, expone, señalando que el Ministerio de Economía, “que ahora tiene mayor peso en el Gobierno, ha sido más receptivo a nuestra posición”.
De hecho, agrega que el Grupo parlamentario del PSOE ha respaldado iniciativas en este sentido, por lo que confían “que la conversación sea distinta”. Preguntado por si, en un futuro, una posible reforma lograría el respaldo parlamentario necesario, apunta a que sí.
“Hemos trabajado con todos los grupos parlamentarios y las señales que recibimos son inequívocas”, afirma, explicando que lo que falta “no es voluntad parlamentaria”, sino que “lo que ha faltado hasta ahora es que el Gobierno lleve al Parlamento una propuesta o que, al menos, permita que se debata sobre ello”.
En este sentido, la reforma de la Ley de Contratos del Sector Público para contemplar la revisión de precios ante cambios laborales estaba incluida en el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva de 2023, firmado por los sindicatos y las organizaciones empresariales.
“Cuando los agentes sociales mayoritarios firman algo conjuntamente, la señal al legislador es muy clara. Ahora necesitamos que Hacienda cambie la tendencia de los últimos años y comience a ser parte fundamental de la solución”.
En qué consistiría la revisión de los precios en los contratos públicos
Desde AlianzAS no piden una indexación automática, sino mecanismos de revisión proporcionados. Como explica su presidente, la indexación automática significaría que cualquier variación de un índice (como es el IPC o el SMI), se traslada directamente al precio del contrato de manera mecánica. Esto no forma parte de su reivindicación, “ni tampoco es deseable”.
Lo que piden es la posibilidad de revisar justificadamente el precio de un contrato cuando se produzca un cambio concreto (una subida del SMI, una modificación de cotizaciones, un cambio en los convenios colectivos…) que tenga un impacto demostrable en los costes de la empresa adjudicataria. “Eso implica un análisis específico del contrato, una justificación documentada, y una negociación con la administración”, aclara Sigüenza.
“La diferencia es como la que existe entre actualizar un seguro cuando cambia el riesgo asegurado y hacer que suba automáticamente cada mes. El mecanismo que proponemos ya existe en otros países de nuestro entorno. No estamos inventando nada, sino que implica la modernización del sistema de contratación pública, adaptado a un contexto internacional indefinido por la incertidumbre”.
Esta diferencia es fundamental: “Reitero, no pedimos que el Estado asuma ineficiencias de las empresas. Pedimos que, cuando el legislador cambia las reglas laborales, las condiciones económicas de los contratos puedan adaptarse a esa nueva realidad. Nada más”, concluye.