Conseguir una subvención para iniciar un negocio en el campo no siempre es fácil, ya que es necesario cumplir con una serie de requisitos por un tiempo prolongado, además de demostrar que se desarrolla esa actividad con numerosas pruebas. Los técnicos vigilan que las ayudas vayan a parar a agricultores o ganaderos que de verdad lo necesiten; por eso hacen comprobaciones y, si algo no va bien, pueden incluso retirar la ayuda. Esto es lo que le ha ocurrido a una beneficiaria andaluza, que perdió una ayuda de 70.000 euros para jóvenes agricultores después de pasar por una inspección totalmente surrealista en la que ni siquiera sabía cómo llegar a sus tierras.
Esto es lo que refleja la sentencia 6982/2026 (disponible en este enlace del Poder Judicial), en la que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía confirmó la retirada de la subvención dirigida a la creación de empresas para jóvenes agricultores. Por más que la mujer superó en su día los controles iniciales y la Junta le pagó los dos primeros plazos (52.500 euros), la visita sobre el terreno para autorizar el último cobro sacó a la luz un auténtico despropósito sobre el cual se basó la Justicia para acabar por quitarle la ayuda cobrada.
Estuvo dando vueltas por el camino mientras le decían por teléfono como llegar
Para empezar, el trabajo de campo de los inspectores dejó una escena tan surrealista como delatora. Y es que, según dice la sentencia de forma literal, mientras la supuesta agricultora guiaba a los funcionarios hacia su parcela, "se saltó el mojón indicador del camino de acceso a la finca y estuvo dando vueltas durante 20 minutos hasta regresar y acceder a ella, hablando mientras tanto por teléfono y dando la impresión de que le estaban dando indicaciones para el acceso". Todo este desconocimiento llevó a la Sala a concluir de manera clara que "de la prueba practicada resulta acreditado que la recurrente demostró carecer de un control efectivo sobre la explotación a la que se refiere el plan empresarial presentado".
Una vez allí, la inspectora dejó constancia judicial de que la beneficiaria no tenía ni idea sobre su propio terreno. El fallo decía de forma textual que la mujer "desconocía su producción agrícola 2019-2020" y tampoco sabía nada de la burocracia inicial, dando así más indicios de que no cumplía los requisitos para cobrar la ayuda de Joven Agricultor. Los magistrados señalaron que "además, la recurrente explota mayor superficie que la declarada, desconociendo todo lo relativo a su solicitud de pago único de 2018 cuando le preguntaron sobre tal incidencia".
Por si fuera poco, en su plan empresarial estaba apostar por las energías renovables y tenía el deber de instalar una serie de placas fotovoltaicas para cumplir con el requisito que le pedían respecto al uso de las energías renovables en su finca, pero "las placas solares no estaban instaladas y cuando se le pregunta por las mejoras indicadas en su plan sobre la finca, se refiere a la compra de un tractor".
Tenía una farmacia en Armilla y no sabía nada de agricultura
Además de no saber bien ni dónde estaba su propia finca, algo que ya sorprende bastante de por sí y es bastante delator de los hechos, la Justicia también demostró que había otro incumplimiento muy relevante para la concesión de las ayudas a jóvenes agricultores, que no es otro que el de la dedicación. Y es que la joven no dedicaba más de la mitad de su tiempo a la actividad agrícola, como exige la ley, sino que tenía otra ocupación totalmente diferente.
El tribunal comprobó que ella era dueña también de una farmacia a la que dedicaba buena parte de su tiempo laboral, hechos que dejó aclarados al señalar que "lo expuesto, unido al hecho de que forma parte de una comunidad de bienes que explota una farmacia en Armilla, pone de manifiesto que no cumple los requisitos para considerar que se dedica a la actividad agraria y que se hace cargo de su explotación".
Aunque el hecho de tener otra ocupación, ser propietario de otro negocio o trabajar en otro ámbito no es constitutivo de incumplimiento de por sí, es decir, que no te pueden quitar la ayuda solo por eso, sí que era un indicio más añadido que ayudaba a la Justicia a demostrar que no se dedicaba a la agricultura.
El TSJ de Andalucía confirma que debe devolver los 52.500 euros que ya había cobrado
A pesar de que la afectada intentó defenderse argumentando que los defectos formales no eran tan graves como para quitarle toda la subvención y que dedicó mucho tiempo a este proyecto, la Sala no aceptó dichos argumentos y sentenció que debía devolver las cuantías ya cobradas de la ayuda. En su fallo, la sentencia dejó una afirmación básica referida a este tipo de fondos, que no es otra que "todo beneficiario de una subvención pública tiene la carga de justificar el cumplimiento de las condiciones para recibir la ayuda".
De esta manera, la supuesta joven agricultora no solo perdió el derecho a cobrar el tercer pago que le faltaba de 17.500 euros, sino que tendrá que devolver los 52.500 euros que ya había cobrado y que correspondían a las primeras fases del programa de ayudas. Además, el tribunal le impuso el pago de las costas judiciales limitadas a 1.500 euros, dejando claro que el dinero de Europa exige un compromiso real y, por tanto, se debe ejercer la profesión de agricultor y demostrarse al 100% que las tierras son explotadas para el fin agrícola por el mismo solicitante de la ayuda.