
El Gobierno afronta una contrarreloj de dos semanas para dar el carpetazo definitivo a la reforma laboral. El próximo 3 de febrero, deberá presentar en Consejo de Ministros las bases del acuerdo alcanzado hace dos años entre los socios del Ejecutivo, PSOE-Podemos, y el pacto social alcanzado con sindicatos y patronal antes de Navidad. Pero, por el momento, su gran caballo de batalla continúa estancado por las peticiones de unos y otros partidos.
La patronal no es proclive a que prevalezcan los convenios autonómicos sobre los estatales, las peticiones de los socios de investidura del Gobierno.
Yolanda Díaz sigue su lucha para sacar adelante la reforma laboral
Así que, para reformar esa reforma laboral impuesta por el PP en 2012, casi convertida en una obsesión, Yolanda Díaz cambia de marcha. La ministra de Trabajo ha trazado una rueda de diálogos para escuchar las propuestas de los socios de investidura, con preferente atención sobre PNV, ERC y EH Bildu.
Ellos son las llaves para abrir la última puerta de la reforma, que vigila la Comisión Europea y tras las que continúan estando el resto de las partidas de los fondos europeos, necesarios para la recuperación postpandémica.
La oportunidad de Ciudadanos
Una negociación exprés y a varias bandas en la que deberá hacer encaje de bolillos para ceder ante las peticiones de nacionalistas y republicanos sin que esos potenciales cambios acaben por hacer torcer el gesto a los agentes sociales. Ese el plan A, que tiene como misión principal evitar tener que recurrir al plan B: que el PSOE recurra a Ciudadanos.
Para la formación naranja, es una oportunidad única para apuntarse un tanto, estableciéndose como los salvadores del acuerdo, en vísperas de las elecciones de Castilla y León. Reclaman que no se ceda a las peticiones independentistas “que quieren trocear España”.
Una partida de ajedrez
Algo que quiere evitar Podemos, ya que va en contra de los socios de investidura y sus nueve escaños no serían suficientes ante el más que probable rechazo en conjunto de ERC, PNV y EH Bildu, que se sumarían al no PP, Vox, Junts, la CUP, BNG y Foro Asturias.
172 noes por los 174 síes actuales que sumarían si PSOE y Unidas Podemos añaden a sus 154 diputados los de Ciudadanos, Coalición Canaria, Nueva Canaria, PDeCAT, Teruel Existe, el Partido Regionalista de Cantabria, Más País y Compromís. Unión del Pueblo Navarro, con dos, podría igualarlo, aunque es partidario del sí. Máxima igualdad.
¿Qué piden ERC, EH Bildu y PNV?
Presionados por sindicatos de potente fuerza en sus autonomías, ERC, EH Bildu y PNV reclaman que se redacte mejor el Estatuto de Trabajadores para clarificar que, en el caso de que un convenio autonómico ofrezca mejores condiciones, prevalecerá sobre el estatal. Concretamente, los artículos 84.3 y 84.4, cuya redacción actual puede inducir a lo contrario. Sobre todo, PNV y EH Biuld, reclama que no haya dudas con esto, para los que esta petición es innegociable.
Algo que no agradaría a UGT ni a CCOO, ni, por supuesto a la oposición de derechas, PP y VOX, que entienden todo cambio a la del 2012 como “mala para España”. Su postura es inflexible a pesar de las presiones de los demás partidos y sus reclamos de colaboración.
Oriol Junqueras, sin embargo, también tiene sus propias exigencias a parte de las de los convenios: los salarios de tramitación que afectan a los trabajadores temporales cuando son despedidos, más inspecciones de trabajo y atajar la parcialidad.
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