España se sube al ranking de países con mayor atractivo inversor. El sector se encuentra en un momento decisivo por la volatilidad sin precedentes del gas.
Los hogares españoles han cambiado sus hábitos de consumo para afrontar la inflación. También han reducido las compras y otros gastos que, ante la subida de precios, no ven esenciales.
El INE ha adelantado sus previsiones de la inflación en abril y sitúa IPC al 8,4%. Una bajada provocada por las medidas del plan de choque del Gobierno.
La revalorización de las retribuciones públicas con el IPC, el gran causante, obligará a transferir mediante la vía de gastos impropios para compensar los Presupuestos.
Un informe de la ‘OCU’ alerta de las consecuencias del Índice de Precios al Consumo (IPC). La cesta de la compra es casi un 10% más cara, gastando los hogares españoles casi 500 euros más en productos básicos.
Determinadas marcas de productos llevan a cabo una estrategia creciente como “legal” por la OCU y que camufla las subidas de los precios en un contexto inflacionista.
La novena subida consecutiva acerca el precio de la bombona de butano a 20 euros. En un año vale casi cinco euros más, un incremento interanual del 33% y que parece ser, no será el último.
Mientras España es el país europeo donde más han subido el precio de los hidrocarburos, la pregunta de ‘¿Hasta dónde va a subir la gasolina?’ ya es casi obligada a diario tras el estallido del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.
¿Tendrá la guerra entre Rusia y Ucrania consecuencias en los supermercados? Se espera la subida de algunos productos, además de problemas en la cadena de suministros.
La inflación se dispara en febrero al 7,4%, su mayor nivel desde 1989, y se refleja en el precio de la cesta de la compra, la electricidad y los carburantes.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) rebaja cuatro décimas el Índice de Precios al Consumo (IPC) respecto a diciembre. La gasolina y la vivienda, los que más suben.
Ante el bloqueo de las negociaciones y la subida del IPC, los sindicatos reclaman pactar subidas salariales a largo plazo. Los empresarios, en contra, comprometen poder adquisitivo de un 80% de trabajadores.