Alta tensión en el Gobierno de España, con la Inspección de Trabajo, entre medias, como la principal damnificada. El Ministerio de Trabajo y Economía Social acusa al de Hacienda y Función Pública de hacer añicos el acuerdo que recogía mejoras laborales para Inspección y que costó meses y meses de arduas negociaciones entre los distintos actores sociales y gubernamentales.
Así, tan solo un día después de que los sindicatos del organismo público alzaron la voz por la tardanza de la aplicación de estas novedades, la cartera ministerial liderada por María Jesús Montero comunicó al de Yolanda Díaz su ‘no’ en el día de ayer. La promesa entre ambos ministerios, existía, según indica Trabajo, por lo que se han encargado de exteriorizar un “profundo malestar”. De hecho, se pactó en julio de 2021.
Ahora, la nueva relación de puestos de trabajo (RPT) –clave en las categorías profesionales, las funciones y el nuevo organigrama de personal– en la Inspección de Trabajo pende de un hilo, con poca o nula probabilidad de que salga adelante. Hacienda y Función Pública, en cambio, alega que se “sigue trabajando con normalidad con el Ministerio de Trabajo, de la misma forma que ha hecho y hace con el resto de ministerios, con el objetivo de ampliar el número de efectivos de la Inspección de Trabajo para reforzar su importante labor”.
Las elecciones, de trasfondo
Además señalan que han salido adelante nuevas disposiciones con cambios como “un incremento de 781 efectivos para inspectores y subinspectores de Trabajo” y “una productividad extraordinaria de 6 millones de euros”. “Hay que recordar que la ley de Función Pública, que actualmente se tramita en el Congreso de los Diputados, establece el horizonte de desarrollo profesional que la Inspección de Trabajo había reclamado”, concluyen en su defensa.
El trasfondo político vuelve a enmarcar otra nueva brecha en el Ejecutivo. Las elecciones municipales y las promesas de mejora acaparan las suspicacias de provocar ese cambio de parecer del Ministerio de Hacienda y Función Pública.
Los sindicatos piden el despido de Yolanda Díaz
La representación sindical de la Inspección de Trabajo pidió la dimisión de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, e incluso puso una denuncia ante la Comisión Europea. “Es un desastre”, expresaron, tras conocer la noticia.
“No estamos dispuestos a tolerar que se utilice e instrumentalice a funcionarios y a un servicio público tan trascendente”, prosiguen, recalcando que desde Trabajo se les comunicó que el acuerdo se aprobaría “de manera inminente”. Por ello se ha anunciado que se llevará a cabo una serie de paros parciales desde este mayo y advierten con una huelga indefinida a partir del 26 de junio.