La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado que la reforma del registro horario es prioritaria y que ya se encuentra en “su parte final” garantizando que el Gobierno seguirá para adelante con su aprobación a pesar de las críticas del Consejo de Estado y a los problemas que han frenado las propuestas laborales del Ejecutivo.
En declaraciones a los medios, ha asegurado que el Ministerio está terminando con “la parte administrativa” de la norma de modo que se endurezca el control de la jornada laboral en las empresas. Porque, aseguró es “indecente” el alto número de horas extraordinarias no remuneradas que se realizan en España. “Más de dos millones y medio de horas extra ilegales, sin pagar, sin cotizar, sin existir, eso es una indecencia y por tanto, claro que vamos a hacerlo”.
Las palabras de Díaz llegan después de que el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, señalase que si el Gobierno no lleva la reforma pronto al Consejo de Ministros, se creará un “conflicto”, en un contexto de presión sindical para reforzar el control sobre las jornadas laborales y combatir el fraude en las horas extra.
La reforma laboral va separada de la reducción de jornada
El endurecimiento del registro horario formaba parte inicialmente del proyecto impulsado por Trabajo para reducir la jornada laboral a 37,5 horas a la semana. Pero cuando esta iniciativa fracasó con el voto en contra de PP, Vox y Junts, el departamento de la ministra de Sumar decidió continuar con la reforma de control horario con una normativa aparte.
El objetivo del Ministerio es implantar un sistema de registro digital accesible de manera remota tanto para los trabajadores como para los representantes sindicales y la Inspección de Trabajo. La intención es dificultar la manipulación de los horarios y facilitar las labores de control sobre posibles incumplimientos empresariales.
En este sentido, el Consejo de Ministros aprobó el pasado 30 de septiembre la tramitación urgente del proyecto de real decreto, reduciendo a la mitad los plazos administrativos previstos para acelerar su puesta en marcha.
El Consejo de Estado rechaza la medida
Pese al impulso político del Ministerio de Trabajo, la reforma ha encontrado obstáculos jurídicos. El Consejo de Estado se posicionó en contra del texto impulsado por el Gobierno, aunque el departamento que dirige Díaz ha dejado claro que mantendrá su intención de aprobar la norma.
El registro horario obligatorio fue implantado en España en 2019 con el objetivo de controlar las horas extraordinarias y evitar abusos laborales. Desde entonces, sindicatos y la Inspección de Trabajo han denunciado reiteradamente deficiencias en su aplicación, especialmente en sectores donde persisten sistemas manuales o registros poco verificables.
La reforma pretende precisamente reforzar esos mecanismos de control en un momento en el que el Ejecutivo sitúa la reducción de la precariedad laboral y la mejora de las condiciones de trabajo como uno de los ejes centrales de la legislatura.
