El secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), Unai Sordo, ha atendido a ‘NoticiasTrabajo’ en una semana que podría ser clave para miles de trabajadores, cuando el Ministerio de Trabajo va a volver a reunirse con los agentes sociales para reducir la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales. En esta entrevista muestra sus expectativas y, aún más importante, cuáles son los pasos que van a seguir para que se firme el acuerdo, con o sin la patronal, antes de que acabe 2024.
NT: Arranca una semana que podría ser clave, ya que en unos días tendrá lugar una nueva reunión para reducir la jornada laboral en España. ¿Cuáles son sus expectativas?
US: “Nosotros no tenemos grandes expectativas de que CEOE se mueva de la actitud de bloqueo que viene manteniendo, sencillamente porque no lo ha hecho hasta ahora y porque no ha mostrado ningún intento de aproximarse con contenidos reales a una negociación en la que siempre acabamos en la misma conclusión: que la reducción de jornada solo se puede abordar desde la negociación colectiva. Si CEOE se mantiene en esas posiciones, creo que la reunión no va a dar nada de sí; si CEOE cambia y admite que debe abordar una reducción a través de la ley, entonces es probable que se pueda dar un avance. Yo soy escéptico porque no veo el más mínimo síntoma de que la organización empresarial vaya a cambiar su posición".
NT: Si siguen acusando una actitud de bloqueo de la CEOE. ¿Cuál será el próximo movimiento de los sindicatos?
US: “Yo creo que tenemos que cotejar si la posición de CEOE es definitiva y, en mi opinión, si esto se confirma, lo que va a tocar es continuar el proceso de movilización tendente a exigir al Gobierno que cumpla sus compromisos y con lo que ha dicho que va a hacer, con las organizaciones sindicales y, posteriormente, con el conjunto de los grupos políticos, para que definan su posición. Porque antes o después esto tiene que salir en el Congreso de los Diputados.
NT: Si esto sigue así, ¿hasta cuándo estarán dispuestos a seguir reuniéndose en la mesa tripartita?
US: “Si no cambia a estas alturas, cuando ya el Gobierno ha puesto diversas medidas en la mesa… Yo no le veo a esto mucho más recorrido que esta reunión y como mucho la siguiente. Esto yo creo que está sentenciado, salvo que haya un cambio por parte de CEOE. Pero, desde luego, esto no puede ir más allá de octubre”.
NT: En la última reunión, si bien desde el Ministerio de Trabajo lo han negado, sindicatos y patronal anunciasteis que se había puesto sobre la mesa retrasar la entrada en vigor de las 37,5 horas a 2026. No sé si viendo la fecha en la que estamos, sería ya el plazo natural.
US: “En mi opinión, esta es una discusión bastante absurda por dos cuestiones y una la has apuntado tú. La primera, nosotros hemos dicho que no vamos a entrar en demasiadas valoraciones de las cuestiones que el Gobierno pone sobre la mesa hasta que CEOE no cambie su posición. Y es fácil entender por qué digo esto. Si al final el Gobierno trae propuestas que tratan de acercar a CEOE pero la conclusión de CEOE es que no se puede modificar por ley la jornada laboral, el debate es perverso. Es imposible llegar a un acuerdo si tú no compartes ni que esa mesa sea válida para reducir la jornada laboral.
La polémica es artificial, porque estamos en el mes de octubre del año 2024. Con lo cual todo el mundo es consciente de que si esto entra en dos secuencias, con toda seguridad una será a principios de 2025 y la otra a finales de 2025 o primeros de 2026. Por eso yo entiendo que la discusión es un poco absurda, 31 de diciembre de un año o 1 de enero del siguiente van seguidos".
NT: Si la patronal siguiera ejerciendo un bloqueo, ¿vais a instar al Gobierno para firmar un acuerdo, aunque sea bipartito, antes de que acabe el año?
US: "Indiscutiblemente. Porque esto empieza a ser un problema en la negociación de los convenios colectivos. Las partes que negocian los convenios necesitan razonablemente tener más o menos claro el itinerario y el escenario en que se va a dar la actividad laboral en los próximos años. Hay que despejar cuanto antes la incógnita".
NT: Así pues, ¿el objetivo es que se pueda firmar el acuerdo antes de que acabe el año para que el primer cambio de la reducción en la jornada laboral sea en 2025?
US: “Yo creo que esto sería lo razonable”.
NT: Porque nosotros estamos hablando de reducir el volumen total de horas por ley y, luego, distribuir ese tiempo de trabajo en la negociación colectiva.
US: “Exactamente. Por convenio colectivo también se reduce el volumen de jornada, de hecho la jornada media está en 38,2 horas. Pero, como toda media, encierra realidades muy distintas, desde empresas que están en 37 o 35 horas y otras que están en las 40 legales… De lo que se trata es que, 41 años después, el Estatuto de los Trabajadores acompañe desde la ley lo que en buena parte hemos hecho a través de los convenios colectivos. ¿Para qué? Para favorecer precisamente a la parte de la clase trabajadora que ha tenido menos fuerza sindical para poder reducir su jornada. Pero luego, la distribución del tiempo de trabajo, la organización del tiempo de trabajo, la concreción de si esto va en semanas de cuatro días laborables o no, esto no se puede hacer desde la ley. No vas a decir tú desde un Boletín Oficial del Estado cuál es la distribución del horario en un taller de tornillos, por decir algo, esto es absolutamente absurdo, y esto se hace desde hace muchos años a través de los convenios. Ya sabemos cómo se hace esto y ahí se dan los márgenes de flexibilidad pactados entre patronales y sindicatos, eso está bastante claro, aunque a veces se mezclan todos los debates”.
NT: ¿Qué respuesta esperáis vosotros de los grupos parlamentarios? Sobre todo teniendo en cuenta que el Gobierno no tiene una mayoría parlamentaria.
US: “A priori, no haría una predicción taxativa de qué van a decir los grupos. Porque una cosa son las ideas económicas que puedan tener los grupos parlamentarios, los que están más situados a la derecha, los que están menos situados a la derecha, y otra cosa es que yo creo que la reducción del tiempo de trabajo es una reivindicación muy sentida hoy en día en la población. Y sobre todo en la gente que tiene edades de 40 años para abajo, donde creo que la relación entre el tiempo de vida y el tiempo de trabajo es distinta como seguramente era hace unas décadas.
Entonces cualquier partido, estoy pensando en el Partido Popular, pero estoy pensando en el PNV, estoy pensando en Junts, tiene un electorado que no mira con malos ojos trabajar menos horas. Con lo cual, yo creo que la oposición taxativa a una reducción del tiempo de trabajo se lo van a pensar… No es casualidad que no sepamos exactamente qué piensan, es decir, que no se hayan mojado todavía, cuando los partidos están todo el día hablando, opinando sobre todo lo opinable, pero, curiosamente, o no tanto, sobre esto no se sabe exactamente qué piensan. ¿Por qué? Porque probablemente los partidos de centro derecha ideológicamente no lo comparten, pero saben que esto puede tener un coste político, porque la gente no entendería muy bien que alguien diga que hay que trabajar las mismas horas en el año 2024 o 2025 que en el año 1983”.
NT: Cree que tienen difícil oponerse a esta medida.
US: “Estoy convencido. Por eso decía que en esa fase de movilización si vemos que definitivamente se bloquea la mesa, el primer destinatario de la movilización va a ser el propio Gobierno, que es quien tiene que tomar la decisión de llevar esto a una norma. Pero inmediatamente después, van a ser los grupos políticos los que tienen que expresarse”.
NT: ¿Cree que la CEOE podría conocer la postura de algún partido? Y de ahí su bloqueo…
US: “Es más que probable que eso sea así. Que CEOE tiene esta actitud de bloqueo porque piensa que sin acuerdo tripartito esto no sale en el Congreso. Yo sobre eso, solo dos comentarios: primero que sería bueno que los agentes sociales pusiéramos en valor nuestra autonomía y negociáramos las cosas más allá de que luego pensemos que nos favorecen o nos perjudican las mayorías parlamentarias, que siempre son coyunturales. Y segundo, yo les recomendaría que no se fíen mucho, no vaya a ser que les salga el tiro por la culata por lo que estoy diciendo. Porque, en mi opinión, los electorados actuales, incluso de los partidos de centro derecha, son bastante sensibles a este tipo de planteamientos y fiar todo a que Junts va a oponerse a una reducción del tiempo de trabajo en estos términos, y siendo un partido tan inestable, tan poco predecible, por decirlo fino… A mí me parece que CEOE haría mejor en negociar pero, claro, negociar presupone darle a la mesa la legitimidad para abordar esto, porque si no, es que estamos en el punto de salida”.
NT: Estamos a finales de una mesa de Diálogo Social, que es la reducción de jornada, y la semana pasada se anunció que desde la Seguridad Social querían abrir otra para reformar la incapacidad temporal. ¿Cuál es su postura? Especialmente de la baja laboral flexible.
US: “Nosotros tenemos un compromiso en el último acuerdo con la Seguridad Social para abordar desde una mesa un diagnóstico sobre qué está pasando con las bajas, con las incapacidades transitorias y con los niveles del absentismo. Pensamos que el incremento en gasto que está habiendo de la IT y el incremento del absentismo tiene muchas causas, y aquí se está trazando con brocha muy gruesa y hay que saber qué está pasando. Si no haces un diagnóstico de lo que pasa, malamente vas a poder poner remedio.
Pensamos que lo que está pasando es que se están alargando muchas bajas, porque hay demoras en la atención sanitaria primaria y especializada; el deterioro de la sanidad pública es un problema y tiene efectos en la duración de las bajas. Seguramente, se están incrementando las enfermedades psicosociales y habrá que ver si no tiene que ver mucho con el tiempo de trabajo, con el estrés por la acumulación de tiempo de trabajo, de que no haya una política suficientemente ambiciosa de cuidados…
Hay que hacer un buen diagnóstico para saber qué es lo que está ocurriendo, porque si metemos todo en el saco del absentismo, mezclando permisos retribuidos con horas por crédito sindical, con vacaciones… y a todo eso le decimos absentismo, no hay quién analice. Eso es mezclar churros con merinas y eso es lo que está haciendo CEOE, y muchos de los estudios de investigación que dicen que el absentismo está disparatado.
Hay que hacer un buen diagnóstico que explique por qué el gasto en IT se ha incrementado un 17% en lo que llevamos de año. Y a partir de ahí, tomar las medidas necesarias, pero no para adelantar o para acelerar irresponsablemente los procesos de cura de la enfermedad o de la baja o de la dolencia, sino para garantizar que los trabajadores y las trabajadoras solo van a trabajar cuando están curados, y que se acortan los tiempos de baja porque se les cura antes, no porque se les vaya a mandar a trabajar enfermos. No digo que la ministra haya dicho eso, pero creo que lo primero que hay que hacer es ese diagnóstico y luego, a partir de ahí, ver qué medidas se plantean y no al revés”.
NT: También la ministra ponía el ejemplo de los trabajadores que están en pluralidad, que a lo mejor pueden estar capacitados para un trabajo, pero no para otro; pero veo que vosotros primero queréis fortalecer otras cuestiones antes de hablar de compatibilidad entre baja y trabajo.
US: "Claro. La baja solo tiene sentido como un elemento para curar al trabajador o la trabajadora, y todo lo demás es subalterno, y todo lo que se analice sobre las altas tiene que ser desde el punto de vista terapéutico. Es decir, no se pueden acelerar las altas para ahorrar dinero, no es esa la ecuación. Las altas se debieran acelerar, por ejemplo, porque a la gente se le diera cita antes, ese es el tema. Luego, otras bajas que en un determinado momento pueden facilitar la curación, como el hecho de una incorporación paulatina al puesto de trabajo, es una cuestión médica, es una cuestión terapéutica. Pero ese no es el problema y el foco no puede estar ahí, tiene que estar situado en cómo mejoramos la atención sanitaria a la gente para evitar la demora injustificada de procesos de recuperación, pero no por la economía de España o por la empresa, sino por el trabajador y la trabajadora”.
NT: A largo plazo, el Ministerio de Trabajo también ha dicho que quiere hacer una gran reforma, la reforma de indemnización del despido improcedente. ¿Cuál será aquí vuestra postura?
US: “Nosotros estamos pendientes de una resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) con una reclamación que hicimos desde Comisiones Obreras, que pensamos que va a salir fortalecida y que se sumará a la que ya sacó adelante la UGT, y desde esa perspectiva yo creo que sí, yo creo que es el momento de reformar el sistema de despido en España. Este es un debate bastante complejo también y que no va a ser fácil, porque la pretensión tiene que ser que el despido sea la última opción que tiene una empresa, es decir, que se favorezcan elementos de flexibilidad interna o de adaptación de jornada frente al despido. Los ERTES en pandemia yo creo que fueron un buen ejemplo de que podía haber alternativas a los despidos y ahora se trata de disuadirlo. Y esto se puede hacer de muchas formas: mejorando las indemnizaciones, haciendo que sea el trabajador cuando hay un despido improcedente el que elija si cobra la indemnización o se vuelve a incorporar al puesto de trabajo, situando una indemnización mínima exigible… Porque cuando tienes una antigüedad de unos pocos meses en una empresa o de un año, el despido es prácticamente gratuito, por lo que no tiene ningún efecto de disuadir a la empresa de usarlo. Se pueden hacer muchas cosas, pero esta sería una de las mesas a abordar en el año 2025”.
NT: Sobre este tema, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha dicho en más de una ocasión que el despido sale demasiado barato en España.
US: “Sí, yo creo que sale demasiado barato. Sobre todo para la gente con menos antigüedad, que normalmente es la gente joven, o las mujeres que tienen más elementos de discontinuidad en sus carreras laborales; y la prueba de que sale barato y de que en España es muy fácil despedir es que históricamente esta ha sido la forma de ajuste de las empresas a los cambios de ciclo económico. Y otra prueba es que las grandes multinacionales, en general, suelen elegir a España para invertir y luego hacer procesos de reconversión porque es muy fácil hacer despidos colectivos”.
NT: Entonces, por su parte, entiendo que no solo sería reforzar la indemnización en sí, sino que, a lo mejor, ¿sería más bien una reforma de los despidos?
US: "Esa es la cuestión. El tema no es si la indemnización es de 20, 33 o 45 días, porque en un contrato de un año que la indemnización sea de 33 o de 20 días son unos pocos 700 euros más que cobra un trabajador o una trabajadora en un salario normal. No disuades a una empresa de despedir con eso. Tienen que ser más elementos, y en los despidos colectivos está el ejemplo más claro: incluso negociando indemnizaciones muy por encima de lo que marca la legislación, las empresas los ejecutan. El problema es que no están obligados a tomar medidas alternativas de planes sociales, reinversión… Estás hablando de empresas que reciben recursos públicos, que reciben fondos europeos, y que luego ejecutan despidos teniendo beneficios, y la ley se lo permite. Esto es un problema muy gordo".
NT: ¿Va a ser una mesa también difícil de cerrar con la patronal?
US: "Esta es una reforma muy difícil en lo social y en el terreno político, pero creo que hay batallas que hay que darlas, porque luego hay que explicarle a la gente por qué el país funciona como funciona. Por ello, los partidos también se tienen que mojar".
NT: Siguiendo con la actualidad laboral, Bruselas ha abierto un expediente a España por no cumplir con la Directiva Europea de conciliación: tendrían que retribuir el permiso parental, al menos cuatro semanas para cumplir con ella, y es una cuestión que se está dilatando en el tiempo, al igual que la entrada en vigor de la Ley de Familias. ¿También van a presionar para que salga antes de que acabe el año?
US: “Empieza a ser bastante habitual que desde los tribunales europeos se corrijan la orientación de las políticas laborales en España que existían previamente, quiero decir que son políticas de toda la vida, entonces creo que es el momento de adecuar nuestra legislación a los requerimientos, porque además tampoco queda otro remedio. En mi opinión, no solo es una posición reactiva de cuando Europa nos dice algo, sino desde una posición mucho más proactiva. España necesita reformular su contrato social, no solo recuperando la calidad de los servicios públicos clásicos, sino haciendo una apuesta decidida, una estrategia de país en todo lo que tiene que ver con la política de cuidados y conciliación, que yo creo que es la gran pata del modelo social que ha quedado desasistido no solo en España, sino en todo el mundo.
Hace falta mucha inversión pública en competencias que, además, están descentralizadas en nuestro país para tener un sistema público de atención de cuidados que facilite el cuidado de las personas dependientes y que las mujeres estén en igualdad de condiciones en el mercado laboral respecto a los hombres, porque lo que más lastra las carreras profesionales de las mujeres es la feminización de los cuidados. Eso es lo que explica casi todas las brechas salariales y de pensiones que hay en España. Entonces esto requiere un abordaje muy ambicioso por parte del país y, en la medida en que Europa nos corrige según qué cosas, pues está bien abordarlo, pero yo creo que esta es una estrategia de país.
NT: Si hablamos también de llamadas de atención de Europa, está el problema de la temporalidad en España. Ha habido este año dos fallos muy importantes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
US: “La temporalidad ha sido un poco el problema crónico del mercado laboral español respecto a otros. Lo que caracterizaba a nuestro país era que tenía una tasa de paro alta pero una tasa de temporalidad desproporcionadamente alta respecto a otros países. En el sector privado esto en buena parte se ha corregido después de la reforma laboral pero el sector público sigue lastrado por las políticas de un excesivo uso del interino que se han hecho durante años, por no decir décadas… A partir de ahí lo que toca es avanzar en los procesos de estabilización”.
NT: ¿Y sobre implantar medidas disuasorias, como que no sea tan fácil unir un contrato con otro? Desde Europa dejan claro que España no cuenta con las medidas suficientes y adecuadas para disuadir a la Administración Pública de los abusos en la temporalidad, uniendo un contrato con otro durante años.
US: "Sí, es así. Porque además se ha utilizado con plena consciencia en muchos casos y, muchas veces, con procesos de consolidación discutibles porque se transforman en una suerte de personal laboral adscritos a la Administración Pública, no estrictamente funcionarios, como una forma de corregir esas malas prácticas que se han establecido durante muchos años. Hay que buscar fórmulas disuasorias, pero en este momento creo que lo más importante es consolidar esas estabilizaciones que, por otro lado, están acordadas en buena parte. No se trata de ejecutarlas y que esa ejecución conlleve una reducción de la temporalidad en las administraciones públicas y no volver a reproducir el esquema, porque sino dentro de un tiempo nos podemos ver en la misma si no estabilizamos las plantillas".
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