CCOO y UGT han denunciado el veto del ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, a la aplicación de la jornada laboral semanal de 35 horas en Red.es. Según el comité de empresa, la reducción horaria entró en vigor el abril tras su publicación en el BOE, pero continúa bloqueada, lo que ha llevado a los sindicatos a anunciar paros parciales a partir del 1 de junio.
Según recogen desde Europa Press, los representantes sindicales sostienen que la jornada de 35 horas ya se ha implantado en otros organismos públicos como el CDTI, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre o Adif, mientras que en Red.es sigue paralizada “sin explicación o respuesta alguna” por parte del Ministerio.
El comité recuerda que el 15 de abril se celebró un referéndum interno con la participación del 75% de la plantilla, en el que se aprobó por mayoría la distribución de la nueva jornada. Tras esa consulta, los sindicatos pidieron a la dirección de Red.es que aplicara el resultado.
Los sindicatos anuncian paros parciales desde junio
CCOO y UGT aseguran que el proceso fue paralizado posteriormente por el secretario general de Red.es, Carlos Ruíz de Toledo, pese a que los representantes de los trabajadores habían defendido ante el ministro la legitimidad de implantar la nueva jornada.
Ante esta situación, el comité de empresa iniciará un calendario de paros parciales a partir del próximo 1 de junio en defensa de sus derechos laborales.
Los sindicatos denuncian además que “no solo se paraliza la firma del primer convenio colectivo” de Red.es, sino que ahora también se bloquea la aplicación de un derecho vinculado al área de Función Pública.
Críticas a la “contradicción total” del Ministerio
El comité de empresa considera que existe una “contradicción total” entre el veto a la jornada de 35 horas y las declaraciones públicas de Óscar López sobre el papel de Red.es en la transformación digital de España.
Según CCOO y UGT, la implantación de la nueva jornada “puede resolverse en cuestión de minutos”, ya que los acuerdos firmados en febrero de 2026 permiten adoptar cualquier marco regulatorio más beneficioso para la plantilla.
Los sindicatos insisten en que la reducción de jornada es viable y reclaman al Ministerio que desbloquee la situación para evitar el inicio de las movilizaciones.
