Europa falla contra España: tendrá que subir la indemnización por despido

El Gobierno va a tener que ejecutar una reforma de los despidos en España. El Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) considera que la actual indemnización por despido improcedente, ligada a un máximo de 33 días de salario por año trabajado con un límite de 24 mensualidades, no se ajusta a la Carta Social Europea que ratificó el Ejecutivo. No lo hace porque, en determinados casos, este ‘tope’ es insuficiente para reparar el daño cometido. 

Así lo pudo conocer ‘El País’ este domingo gracias a fuentes conocedoras de la resolución del Comité, cuyo fallo, en teoría, no se debe hacer público oficialmente hasta que el Gobierno así lo autorice a través del Comité de Ministros europeo. Un fallo que, no obstante, ya se intuía unas semanas atrás, ya que el mismo consejo encargado de emitir la resolución valoró en su informe de Conclusiones de 2023 que la normativa española no cumplía en este aspecto.

De ese modo, Europa da la razón a UGT, que presentó en 2022 una demanda por esta cuestión. Precisamente, el secretario general de este sindicato, Pepe Álvarez, dedicó una columna también este domingo a las indemnizaciones por despido en España, a través de la que denunció que el despido sale “muy barato” en España. Una consideración, muy reveladora, que también ha defendido en reiteradas ocasiones la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a favor de que aumenten la indemnización actual y que, ahora, tiene todas consigo para presionar al PSOE y aplicar esta reforma. Aunque, eso sí, podría tardar un tiempo en llegar.

Por qué el Gobierno está “obligado” a aumentar la indemnización por despido

Si bien el Comité Europeo ha fallado contra España, este cambio en los despidos no será inminente. No solo por el proceso en sí mismo que puede suponer esta reforma, sino porque el Gobierno puede mantener embargada oficialmente la resolución durante un plazo de cuatro meses. Por este motivo, el Ejecutivo no estaría obligado a revelar de manera oficial el fallo hasta verano. 

Ahora, incluso si lo hiciera antes, ¿está obligado el Gobierno a aumentar las indemnizaciones por despido? El Comité no realiza ninguna recomendación, ni insta concretamente a un cambio, pero sí enumera las vulneraciones de la norma actual. Y esto es un punto muy importante porque PSOE y Sumar, en su acuerdo de gobierno, se comprometieron a “establecer garantías para las personas trabajadoras frente al despido, dando cumplimiento a la Carta Social Europea y reforzando la causalidad en los supuestos de extinción de la relación laboral”. 

En otras palabras, se comprometieron a cumplir con la Carta Social Europea. Por ello, Yolanda Díaz puede exigir al PSOE que se aumente la indemnización por despido, a pesar de las reticencias conocidas que existen en el ala socialista. En concreto, en el artículo 24 de la citada Carta, se establece que, en caso de despido improcedente, los trabajadores tienen derecho “a una indemnización adecuada o a otra reparación apropiada”. 

Y, lo que ocurre, es que el citado máximo de 33 días salario por año trabajo, con el 'tope' de 24 mensualidades, estaría limitando en muchos casos una reparación real del daño causado, como establece la carta, ya que la norma española no permite superar este baremo, independientemente de las circunstancias del despido. “El límite máximo de los baremos de indemnización no permite conceder a un trabajador una indemnización superior en función de todas las circunstancias, ya que los tribunales solo pueden ordenar una indemnización dentro de los límites del baremo”, expresaba el propio Comité en el citado informe de conclusiones. 

¿Cómo cumplirá el Gobierno con la resolución del Comité? El partido de Yolanda Díaz, Sumar, defiende lo que se ha conocido como el despido “a la carta” o “restaurativo”. Mediante el mismo, se analizaría cada caso en concreto valorando distintos factores, como la edad, la antigüedad en la empresa, si el trabajador pertenece a un colectivo vulnerable o, en el caso de las trabajadoras, si estas están embarazadas, por ejemplo. De ese modo, podría aumentarse el ‘tope’ actual de las indemnizaciones. 

El objetivo, en palabras de la propia ministra de Trabajo, es que a través de esta reforma no solo se aumenten las cuantías, sino que se establezca “un mecanismo que repare adecuadamente los daños causados cuando el despido sea improcedente y que será verdaderamente disuasorio para despedir sin causa”. Díaz, en febrero de 2023, también lo dejó claro: “Tengan mi palabra. Vamos a cumplir con lo que resuelva el Comité Europeo de Derechos Sociales porque es la fuente de derecho en nuestro país. Creo que debemos actuar”. Por ello, se espera que, este mismo año, esta reforma se aplique en España.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, también se ha manifestado en una columna sobre este aspecto, solicitando al Gobierno, ya que ellos no pueden desvelarlo, que “no impida que la ciudadanía española conozca ya el resultado”. Al respecto, señala que “cuanto antes se sepa lo que ha dicho por el Comité, mejor para todos”.

Este también advierte que “de lo que no hay ninguna duda es del carácter vinculante de esa decisión. Así lo establece el art.96 de la Constitución que declara los Tratados Internacionales, como la Carta Social Europea, parte de nuestro ordenamiento interno. Así figura en el instrumento de ratificación en el BOE de 11 de junio de 2021, y así lo reconoció el propio Ministerio competente en el informe de la Secretaría de Estado de Justicia de 17 de diciembre de 2020, Dictamen del Consejo de Estado (486/2021), en el que determinó “que el Tratado es jurídicamente vinculante y las decisiones del Comité de Expertos son de obligado cumplimiento””.

Un fallo contra España, a pesar de las “interferencias”

Como pudo saber ‘Noticiastrabajo’, que tuvo acceso a la solicitud de recusación presentada por una parte del Gobierno, el Ministerio de Justicia solicitó en noviembre de 2023 apartar a la experta Carmen Salcedo del Comité Europeo. El motivo es que esta, antes de ocupar dicho cargo, había escrito un artículo donde exponía que España no cumplía con la Carta Social Europea en el término de las indemnizaciones, que es lo debía y ahora ha resuelto el Comité, del que la misma había pasado a ser miembro.

Según ha podido saber ‘El País’, Salcedo finalmente no habría podido formar parte de la deliberación, como pretendían desde Justicia. Es lo que desde UGT señalaron como “interferencias”, o este domingo por Álvarez como “palos en las ruedas”, ya que esta solicitud retrasó la resolución del Comité. Yolanda Díaz, cuando se hicieron públicas estas presiones, envió una carta al ministro Félix Bolaños para retirar dicha petición, advirtiendo de que podría llegar a ser un grave precedente.