La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha confirmado que la normativa que permitirá aplicar coeficientes reductores para adelantar la edad de jubilación en ocupaciones penosas se aprobará en las “próximas semanas”. La medida, que afecta a numerosos colectivos laborales, acumula un retraso respecto a la previsión inicial, que contemplaba su entrada en vigor en febrero de este año.
Son más de una decena las profesiones que podrían beneficiarse de esta regulación, que contempla coeficientes reductores sobre la edad legal de jubilación en función del nivel de penosidad o peligrosidad del trabajo desarrollado.
Entre los sectores que han solicitado su inclusión figuran trabajadores de la construcción, bomberos forestales, policías y guardias civiles, transportistas (de viajeros, mercancías, taxistas y empleados del transporte público), personal sanitario, trabajadoras de limpieza en hoteles (conocidas como ‘kellys’), empleados de la industria química y buceadores profesionales.
Estos colectivos alegan que las condiciones físicas, los riesgos para la salud o la elevada carga laboral justifican un acceso anticipado a la jubilación, al igual que ocurre ya con otros grupos como los mineros o algunos cuerpos policiales autonómicos y locales.
Otro de los puntos pendientes en el marco de la reforma de pensiones es la jubilación flexible, un modelo que permitiría compatibilizar el cobro de la pensión con un empleo parcial. Saiz confirmó que se están dando pasos positivos en la mesa de diálogo social abierta para abordar esta cuestión.
La ministra se mostró “optimista” sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo y defendió que existen “mimbres” suficientes para cerrar un pacto con sindicatos y organizaciones empresariales. No obstante, no se han adelantado plazos ni detalles concretos sobre la posible implementación.
Saiz también se refirió al Fondo de Compensación para víctimas del amianto, cuyo reglamento ya ha sido enviado al Consejo de Estado para su preceptivo informe. Esta herramienta busca reparar el daño sufrido por trabajadores que estuvieron expuestos a esta sustancia en el ejercicio de su profesión y cuyo desarrollo normativo también se ha dilatado en el tiempo.
