Reducir a los 60 años la edad de jubilación de los transportistas por carretera, a debate hoy en el Congreso

El Pleno del Congreso abordará este martes en su última sesión del año una serie de medidas para mejorar las condiciones laborales de los transportistas por carretera. La medida estrella, sin embargo, y sobre la cual el sector lleva años reclamando, consiste en fijar en 60 años la edad de jubilación. Se trata de una iniciativa no legislativa del Grupo Parlamentario Republicano (ERC) que, en el caso de aprobarse, servirá para instar al Ejecutivo a reducir la edad de jubilación de estos profesionales con la posibilidad de hacerlo a los 58 años.

Desde el grupo parlamentario denuncian la “crisis estructural” que enfrenta el sector desde hace décadas y que amenaza las condiciones laborales y económicas de estos profesionales del transporte. Por un lado, llaman la atención sobre el envejecimiento de la plantilla. Más del 60% de estos profesionales tienen más de 50 años y las nuevas generaciones no se ven atraídas por el sector ante las condiciones laborales a lo que se suman, indican en la moción, “la competencia desleal, las tarifas injustas y la falta de protección legal”.

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En este sentido, el sector del transporte es un colectivo en lucha desde hace años para la mejora de sus condiciones. Entre sus reclamaciones, señalan, por otra parte, los “incumplimientos por parte del Estado”. La situación de los transportistas, indican los de ERC, supone un agravio comparativo en relación a las condiciones de otros profesionales del transporte como pilotos de avión o conductores de ferrocarril que cuentan con coeficientes reductores para adelantar la edad de jubilación. Por ello, ante el envejecimiento del colectivo y otras condiciones laborales que no se ven mejoradas, los transportistas insisten en la urgencia de la reducción de la edad de jubilación.

La seguridad, los precios, la jubilación y la representatividad: sus principales reivindicaciones

Además de medidas sobre el coste del transporte y la seguridad, la moción incluye puntos para modificar la normativa y regular que los conductores no realicen labores de carga y descarga para “eliminar la posibilidad de pactos en contra”; reconocer los accidentes y enfermedades relacionadas con el sector del transporte por carretera como derivados de contingencias profesionales; rechazar las 44 toneladas y 4.5 metros de altura por su “inseguridad y riesgos para los conductores”; sancionar a las grandes empresas que no tributen en España; garantizar la vigilancia en áreas de servicio y establecer la jubilación de los profesionales del sector del transporte de mercancías por carretera a los 60 años, con posibilidad de hacerlo a los 58 mediante coeficientes reductores, entre otras.

Desde el Grupo Republicano, ponen el foco además, según se extrae de la moción, en la falta de representatividad en el Comité Nacional de Transporte de Mercancías por Carretera encargado de las negociaciones que deja fuera “a la mayoría de los transportistas, como las pequeñas empresas y autónomos, que representan el 70% del sector en el Estado Español”.

Una situación que, denuncia el texto “favorece a los grandes operadores de transportes” y “pone en riesgo la capacidad del sector para garantizar su esencialidad como servicio para la ciudadanía”.

Las mociones, al igual que las proposiciones no de ley, son iniciativas no legislativas sobre las que el Congreso manifiesta su postura sobre un determinado tema. Sin embargo, su alcance es más político que jurídico al instar al Ejecutivo a ejecutar una determinada acción que puede acatarse o no.