El Ministerio de Hacienda ha remitido a las comunidades autónomas este viernes el borrador del acuerdo para reformar el sistema de financiación autonómica. Y es que, según ha explicado el departamento que dirige Arcadi España, el objetivo es seguir negociando con las autonomías antes de aprobar un modelo que el Gobierno prevé que entre en vigor en 2027.
Tras el envío del documento, el próximo 14 de julio se celebrará una reunión del comité técnico para analizar la propuesta. Además, el 29 de julio tendrá lugar un Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que participarán los consejeros autonómicos.
En este sentido, según recogen desde Europa Press, el ministro ha asegurado que el Gobierno mantiene su disposición al diálogo con todas las comunidades y ha confirmado que algunas de las propuestas planteadas por las autonomías durante las reuniones bilaterales se incorporarán al texto definitivo.
El Gobierno plantea aumentar la cesión del IRPF y del IVA
La reforma contempla un mayor porcentaje de cesión de algunos impuestos a las comunidades autónomas. En concreto, el Gobierno propone elevar la participación en el IRPF del 50% al 55% y en el IVA del 50% al 56,5%.
Según las estimaciones del Ministerio, si el nuevo modelo entra en vigor en 2027, las comunidades recibirán 20.975 millones de euros más que con el sistema actual, alcanzando así una financiación cercana a los 224.500 millones de euros.
Además, el Ejecutivo ha reformulado el criterio de población ajustada, que sirve para calcular las necesidades de financiación de cada territorio. Entre las novedades se incluyen nuevos criterios relacionados con la educación, el envejecimiento de la población o el número de desempleados sin prestación.
Más competencias tributarias para las comunidades
La propuesta también incorpora nuevos impuestos dentro del sistema de financiación, como el impuesto sobre el patrimonio, el de depósitos bancarios, el de actividades del juego o el de residuos en vertederos.
Además, las comunidades que lo deseen podrán acogerse a un sistema de caja compartida, de forma que los ingresos del IRPF lleguen de manera simultánea a la Administración General del Estado y a las haciendas autonómicas.
Por último, Hacienda plantea reforzar la colaboración entre la Agencia Tributaria y las administraciones autonómicas para que las comunidades asuman más competencias en la gestión de los impuestos cedidos y se agilicen las liquidaciones del sistema.