El Congreso de los Diputados, con 177 votos en contra y 171 a favor, ha tumbado este miércoles el decreto ómnibus que, entre otras medidas, incluía la subida de las pensiones. Como habían anunciado previamente, PP, Vox y Junts han votado en contra, un movimiento sobre el que el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, se ha manifestado rotundamente: “Cuando en febrero los 12 millones de pensionistas vean que su pensión ha bajado, que se acuerden de que ha sido el Partido Popular en compañía de otros”.
El resto del hemiciclo sí ha votado a favor del decreto, mientras que UPN se ha abstenido. Al no contar con los apoyos suficientes, este real decreto que aprobó el Gobierno en diciembre queda derogado junto a todas las medidas que incluía, a pesar de que algunas ya estén en vigor.
Este decreto, que ha sido derogado, es el que contemplaba la subida de las pensiones del 2,8% para 2025, sin necesidad de que la medida tuviera que aprobarse en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025. Gracias a esta, que tenía el objetivo de proteger el poder adquisitivo de alrededor de 12 millones de pensionistas, el aumento en la pensión era de entre 500 y 600 euros de media.
Asimismo, contemplaba un aumento todavía mayor, del 6%, para las pensiones mínimas y del 9% para las no contributivas; así como un aumento del 9% para el Ingreso mínimo Vital (IMV). Ahora, todas estas subidas quedan en el aire y tendrá que verse si el Gobierno realiza y aprueba un nuevo Real Decreto solo con esta medida. Al respecto, al principio de la sesión, Junts alentó al Gobierno, de hecho, a que presentase un decreto únicamente con la revalorización de las pensiones y las bonificaciones al transporte.
Otras medidas que quedan derogadas al tumbarse el decreto ómnibus son las bonificaciones al transporte, las ayudas por la DANA o la prohibición del corte de suministros básicos y de desahucios a personas de colectivos vulnerables.
El Gobierno responsabiliza especialmente al PP
Distintas personalidades del Gobierno han responsabilizado especialmente al PP de que este decreto no haya salido adelante. “Feijóo se llena la boca hablando de Valencia, pero cuando tiene la ocasión de demostrar si la apoya tras la catástrofe de la DANA, da la espalda a los valencianos. Nada le importa, Todo le vale. Es un frívolo”, han señalado fuentes gubernamentales a Europa Press, asegurando también que “no van a dejar tirados a los pensionistas”.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que los populares tendrán que “dar la cara” a los ciudadanos y explicar las consecuencias de su “no”. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, también se ha manifestado en términos similares, denunciando que el PP “entre elegir mejoras para la vida de la gente o causar daño, siempre se queda con lo segundo”.
El PP registrará una ley para “salvar la subida de las pensiones”
El Partido Popular, en contrapartida, pretende registrar una ley que “proteja a los jubilados” y “salve la subida de las pensiones”, según han confirmado fuentes del PP a Europa Press. En cuando a su negativa al decreto, han acusado que este era “un proyecto de recortes y de chantaje” y han criticado el traspaso de la sede del Instituto Cervantes en París al PNV, denunciando que es “un regalo” que el Gobierno les hacía “en forma de palacete” y que no apoyaban.
En esta línea, los populares han asegurado que también registrarán textos "para garantizar las medidas relacionadas con los afectados de las riadas en la Comunidad Valenciana y para aquellas personas que reciben el ingreso mínimo vital".
A pesar de esto, según fuentes del Gobierno consultadas por 'El País', aunque la revalorización de las pensiones se vuelva a votar en el Congreso de los Diputados, los pensionistas van a notar probablemente en la pensión de febrero las consecuencias de que se haya derogado el decreto con su subida.
El Congreso también tumba el gravamen energético
El Congreso de los Diputados también ha derogado el decreto que establecía un gravamen a las empresas del sector energético en 2025. El PP, Vox, Junts, el PNV y UPN, como ya se sabía, han votado en contra, mientras que el resto de la Cámara ha votado a favor y Coalición Canaria se ha abstenido.
Este gravamen suponía una tasa sobre las empresas energéticas que se venía aplicando desde el año pasado y que logró recaudar unos 1.100 millones de euros. Asimismo, también incluía bonificaciones para las empresas que invirtiesen en actividades "esenciales" para la transición ecológica y la descarbonización.
