La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha advertido de que la nueva Ley de Prevención de Riesgos Laborales “fracasará” si no se refuerzan la inversión y los recursos humanos en el sistema. La organización ha denunciado que la salud laboral en España sigue siendo una “asignatura pendiente”, debido a las carencias estructurales que afectan tanto a administraciones como a empresas.
Con motivo del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, el sindicato ha alertado de que los servicios de prevención se encuentran “infradotados”, especialmente por la falta de técnicos especializados y personal médico. Esta situación, según CSIF, impide que la normativa tenga un impacto real en la protección de los trabajadores.
Tal y como recogen desde Europa Press, los datos de una encuesta realizada a 2.000 empleados públicos reflejan estas deficiencias. El 63% de los encuestados no ha recibido formación específica sobre los riesgos de su puesto, mientras que un 20% no tiene acceso al reconocimiento médico obligatorio, lo que evidencia la falta de medidas preventivas efectivas.
Un sistema con carencias que afectan a la salud de los trabajadores
El sindicato ha puesto el foco en el impacto directo de estas carencias en la salud laboral. Más de dos tercios de los trabajadores encuestados han necesitado medicación para poder afrontar su jornada, una situación que CSIF califica como un “sufrimiento normalizado”.
Además, la organización denuncia que la prevención se ha convertido en un “mero trámite burocrático” en lugar de una herramienta “efectiva” para evitar riesgos. A ello se suma un problema de “infradeclaración” de enfermedades profesionales, que en muchos casos acaban siendo asumidas por el sistema público de salud.
Reclamaciones para evitar el “fracaso” de la ley
Ante este escenario, CSIF reclama medidas urgentes para evitar que la nueva normativa no cumpla sus objetivos. Entre sus propuestas figuran la fijación de ratios mínimos de profesionales, el refuerzo de la Inspección de Trabajo y la incorporación de especialistas en salud mental, como psicólogos y mediadores.
El sindicato insiste en que, sin un aumento de la inversión y una mejora de los recursos disponibles, la nueva ley no será suficiente para corregir las deficiencias actuales ni para garantizar una protección real de los trabajadores.