Ángeles, una propietaria española, ha recuperado su vivienda, ubicada en Móstoles, Madrid, convertida en escombros tras casi siete años de alquiler.
El matrimonio inquilino, el cual tiene una hija y que dejó de pagar la renta durante 21 meses amparándose en un certificado de vulnerabilidad, saqueó y destrozó la propiedad como represalia después de que la dueña rechazara venderles el inmueble a mitad de precio. Ahora, los daños materiales y la deuda acumulada ascienden a 130.000 euros.
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“Aparentemente la familia era normal, pero se pensarían que la casa iba a ser para siempre suya”, sentencia Ángeles en Espejo Público.
“Han llenado la casa de escombro de la calle… llegaré hasta el fondo”
La propietaria alquiló la casa inicialmente por un periodo corto debido a un traslado laboral, con el objetivo de no dejarla vacía y evitar precisamente la okupación. Sin embargo, la situación derivó en una ruina económica.
La deuda por el impago continuado del alquiler alcanza los 30.000 euros. A esta cifra se suman cerca de 100.000 euros en daños materiales por actos de vandalismo extremo.
Los inquilinos levantaron y robaron toda la tarima del suelo de la vivienda. Además, rompieron lavabos, arrancaron paredes, destrozaron muebles e, incluso, se tomaron la molestia de recoger escombros de la calle para volcarlos en el interior del piso. El ensañamiento continuó en el exterior, donde dejaron completamente destrozado un vehículo Land Rover aparcado en la propiedad.
“Han llenado la casa de escombro de la calle (…), esto no se puede pasar por alto. Parece ser que la alquilas para protegerla y lo que haces es desprotegerla", confiesa la mujer.
“No entiendo por qué son vulnerables si instalaron aire acondicionado en toda la casa”
El caso expone las deficiencias en la concesión de ayudas sociales. A pesar de contar con un certificado de vulnerabilidad emitido por los servicios sociales por tener a una menor a cargo, los arrendatarios demostraron un alto nivel adquisitivo durante su estancia.
"Instalaron aire acondicionado en toda la casa y motorizaron la puerta del garaje, que cuesta un dinero", denuncia Ángeles, subrayando la incoherencia de este estatus frente a unos lujos que ella misma no podía permitirse.
“Es un delito de daños agravado, los seguros no tienen corazón”
Para agravar el panorama económico, la compañía aseguradora, SegurCaixa, ha rechazado cubrir los desperfectos. Aunque la póliza especificaba que la vivienda estaba destinada al alquiler, la empresa alega que el siniestro se considera "vandalismo", una cobertura que requería una cláusula específica que no fue contratada por la dueña.
Ante este escenario de desprotección civil, la abogada Beatriz de Vicente recomienda a la propietaria acudir directamente a los tribunales por la vía penal. "Es un delito de daños agravado por un importe que casi triplica los daños que le han causado con el dinero que le deben", explica la experta, advirtiendo que este tipo penal conlleva condena y la generación de antecedentes penales para los responsables.
Actualmente, Ángeles ya ha iniciado los trámites judiciales pertinentes. Mientras el juzgado avanza en la investigación, la dueña ha tenido que alertar a la policía tras detectar que los exinquilinos continúan merodeando por los alrededores de la propiedad destrozada.