El Congreso aprobó ayer definitivamente la proposición de ley que regula el paso de los mutualistas al régimen de autónomos de la Seguridad Social (RETA), una pasarela de la que finalmente han quedado excluidos los jubilados que ya cobran la pensión de jubilación de su mutualidad profesional.
El conflicto que da origen a esta ley se remonta a 2005, cuando las mutualidades alternativas se convirtieron en sistemas de capitalización individual, funcionando en la práctica como planes de pensiones privados. Esto provocó que cerca de 200.000 profesionales, tras décadas de trabajo y aportaciones, se encontraran con pensiones de jubilación que en muchos casos apenas alcanzan los 400 o 500 euros mensuales.
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Gracias a esta pasarela, se acabará con esta desprotección, pudiendo subir las pensiones hasta los 1.200 euros. Eso sí, la norma ha sufrido distintos vaivenes en su tramitación parlamentaria. En su primera tramitación en el Congreso, el PP consiguió que se aprobara una reforma vía enmienda para hacer más amplia la ley y que los mutualistas que ya están jubilados se puedan beneficiar de esta propuesta.
Sin embargo, cuando el texto llegó al Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, el partido de Alberto Núñez Feijóo decidió introducir una enmienda en el sentido contrario y excluir a los jubilados de la pasarela. Tras introducirla en el Senado, el Congreso tenía que apoyar esa enmienda antes de publicarse en el Boletín Oficial del Estado.
Y así ha sido: PP, PSOE, Vox y el exdiputado de los de Santiago Abascal, Javier Ortega Smith, integrado ahora en el Grupo Mixto, votaron a favor de mantener este cambio, mientras que el resto del hemiciclo votó en contra. De ese modo, el texto se publicará en el BOE con la exclusión de los jubilados de esta reforma.
Los cambios aprobados en el texto
Como se adelantaba, el texto ha sufrido diferentes modificaciones, y una de ellas tiene que ver con los coeficientes aplicables en la transferencia de los derechos económicos al RETA. En concreto, se aplicará una mejora de entre el 0,67 y el 0,87 sobre la base mínima de cotización que habría correspondido en el régimen de autónomos.
Esos coeficientes no se aplican a los profesionales que tengan 52 años o más a fecha de 31 de diciembre de 2026, los cuales podrán suscribirse a la fórmula del 1x1. Es decir, para estos, cada mes cotizado en la mutualidad contará como un mes completo en el RETA, a “exclusivos efectos” de calcular el porcentaje aplicable a la base reguladora de dicha pensión. Una fórmula que también podrán disfrutar quienes iniciaron su actividad profesional antes del 10 de noviembre de 1995.
Entrada en vigor de la ley
El Gobierno tiene un plazo de tres meses desde la aprobación de la ley para definir, por vía reglamentaria, las condiciones exactas para transferir los derechos económicos acumulados y convertirlos en periodos de cotización del RETA. Este reglamento concretará los flecos pendientes de la pasarela, como si se aplicará el IPC en el cálculo de las aportaciones económicas transferidas.
Posteriormente, los mutualistas tendrán un año desde la entrada en vigor de la norma para solicitar la transferencia voluntaria de los derechos económicos acumulados en las mutualidades a la Seguridad Social.
El texto también garantiza que la transferencia de estos derechos económicos hacia la Seguridad Social no tendrá ninguna consecuencia fiscal ni penalización en el IRPF de los mutualistas.
Sistema mixto: las mutualidades se mantienen
El texto aprobado mantiene la alternatividad. Esto es, se podrá aportar a la mutualidad, a la Seguridad Social o a ambas. En este sentido, la norma establece que quienes opten por quedarse en la mutualidad tendrán garantizados los mismos derechos que el ordenamiento jurídico reconoce a los trabajadores autónomos, siempre que la financiación de dichos derechos no dependa estrictamente de las cotizaciones al RETA.
Junts también logró sacar adelante una enmienda que obliga al Gobierno a elaborar un informe de evaluación sobre este sistema alternativo antes del 31 de diciembre de 2030.
Asimismo, el PP ha coseguido que en el plazo máximo de un año, el Gobierno deba aprobar las reformas normativas necesarias para dotar al sistema de mayores garantías de transparencia. El objetivo es reforzar la información, supervisión y control de las mutualidades en beneficio de todos los profesionales colegiados que decidan mantenerse en este modelo de previsión social con carácter alternativo al régimen de Seguridad Social.
Obligaciones de las mutualidades
El texto aprobado también incluye distintas obligaciones a las mutualidades. Estas deberán elaborar un informe semestral en el que se recoja, de forma transparente y clara, la situación y evolución de los fondos de los afiliados, incluyendo el valor actual actuarial de las rentas iniciales (calculado bajo criterios equitativos y contrastables) y el detalle de cualquier operación cuyos costes puedan llegar a repercutir sobre los propios mutualistas.
Además, deberán facilitar la documentación relativa a su actividad ordinaria. Por último, tendrán que enviar a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) toda la información necesaria para someterse a una supervisión continua. Por ello, deberán entregar sus estados contables y financieros, análisis económicos, evaluaciones de cumplimiento normativo y reportes exhaustivos sobre la evolución de sus riesgos y niveles de solvencia.