A una semana de las elecciones al Parlamento de Andalucía del 17 de mayo de 2026, el colectivo de jubilados anticipados con largas carreras de cotización ha decidido convertir las urnas andaluzas en su última herramienta de presión. Manolo Galán, miembro de la Asociación Jubilación Anticipada Sin Penalización (ASJUBI40), ha publicado un vídeo en el que se dirige al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para exigirle que aplique la moción aprobada por el Congreso de los Diputados el pasado 13 de noviembre y suprima los coeficientes reductores que recortan de por vida la pensión a quienes han cotizado 40 años o más.
Manolo Galán habla en primera persona y conoce de cerca la injusticia que denuncia. Tiene 63 años, ha cotizado más de 46, y permanece jubilado anticipadamente de forma involuntaria tras verse obligado a retirarse antes de tiempo. Arrastra un coeficiente reductor del 21% que se aplica a perpetuidad sobre la cuantía de su pensión, tanto en las mensualidades ordinarias como en las pagas extraordinarias.
En un vídeo difundido a través de ASJUBI40 ya denunció que está "penalizado de por vida" pese a sus 46 años cotizados, un agravio que comparte con buena parte de la generación del baby boom, es decir, trabajadores que empezaron a cotizar muy jóvenes y que, pese a superar con holgura el periodo necesario para acceder al 100% de la pensión, ven cómo el sistema les castiga por haberse retirado antes de la edad ordinaria.
El pleno del Congreso respaldó la moción, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos, con 180 votos a favor, 170 abstenciones y ningún voto en contra. La iniciativa, que recoge la reivindicación histórica de ASJUBI40, fue apoyada por PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG, Coalición Canaria, UPN y Compromís, mientras que PP y Vox se abstuvieron. La votación supone un paso para la despenalización de las jubilaciones anticipadas con más de 40 años cotizados que la asociación impulsa desde hace casi una década.
En el nuevo vídeo, Galán formula una pregunta directa al jefe del Ejecutivo: "¿Dónde está ese documento, lo tiene tan hondo que no lo puede sacar para resolver esta injusticia, esta cadena perpetua que estamos sufriendo los pensionistas?".
El pensionista lamenta que "se van quedando muchos compañeros en el camino" y advierte de que el colectivo dispone de un argumento contundente en clave electoral: "Ahora tenemos votaciones aquí en Andalucía y somos más de 100.000 afectados con nuestras correspondientes familias, amigos, compañeros y conocidos". Su mensaje culmina con una disyuntiva nítida y es “justicia o votos".
La moción carece de carácter vinculante y la ministra Saiz ya descartó la reforma
A pesar del respaldo parlamentario, la moción no tiene carácter legislativo, por lo que no obliga al Ejecutivo a modificar la Ley General de la Seguridad Social. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, descartó días antes de la votación cualquier reforma para suprimir los coeficientes reductores en las largas carreras de cotización.
ASJUBI40 mantiene además dos proposiciones de ley pendientes de debate en el Congreso y una segunda queja ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, donde sostiene que la normativa española vulnera el principio de proporcionalidad y la Directiva 2000/78 sobre igualdad de trato en el empleo.
La reivindicación de la asociación pasa por modificar los artículos 207 y 208 del Real Decreto Legislativo 8/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, para suprimir cualquier reducción cuando el trabajador acredite al menos 40 años cotizados, tanto en la modalidad de jubilación anticipada voluntaria como en la involuntaria. En la actualidad, los recortes pueden alcanzar el 30% sobre la base reguladora y se aplican de manera vitalicia sobre las mensualidades ordinarias y las pagas extraordinarias.
Antonio Matinero, presidente de ASJUBI40, ya señaló tras la votación que "el único responsable de esta injusticia es el PSOE y el Gobierno", al que emplazó a desarrollar la ley que elimine las penalizaciones. Con la moción aprobada y la cita andaluza fijada para el 17 de mayo, el colectivo, que agrupa a cerca de 900.000 pensionistas en toda España, traslada al Ejecutivo la presión de la urna: o cumple el mandato del Congreso o asumirá un coste electoral en una comunidad estratégica.