La Junta de Andalucía ha endurecido las sanciones por usar detectores de metales, una práctica habitual en playas y zonas con posible valor arqueológico. La nueva Ley de Patrimonio Cultural, publicada el 7 de abril en el BOJA, fija multas que pueden superar los 150.000 euros, e incluso llegar al millón, para quienes utilicen estos aparatos sin autorización para buscar restos arqueológicos.
La ley, que entrará en vigor el 27 de abril, introduce la prohibición expresa en su artículo 103 de utilizar detectores de metales u otros aparatos para buscar restos arqueológicos, salvo en trabajos científicos autorizados. Esta medida responde a la creciente preocupación por el expolio del patrimonio en Andalucía, sobre todo en zonas donde es fácil acceder y realizar este tipo de actividades.
La norma incluye algunas excepciones. Podrán usar detectores de metales las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el Ejército o ciertas empresas de servicios, como las de luz, agua o telecomunicaciones, siempre bajo supervisión y sin finalidad arqueológica. Además, se podrán conceder permisos específicos en casos como actividades mineras o otros supuestos que se desarrollen reglamentariamente.
Multas por utilizar detectores de metales
El endurecimiento no se limita a prohibir esta práctica, sino que también fija un sistema claro de sanciones. Las multas van desde hasta 10.000 euros en los casos más leves, hasta 150.000 euros en infracciones graves, como realizar actividades sin permiso que pongan en riesgo el patrimonio. En los casos considerados muy graves, por ejemplo, si se destruyen yacimientos o se pierde información arqueológica de forma irreversible, las sanciones pueden ir desde 150.001 euros hasta un millón de euros.
Además, la ley añade una medida para que las sanciones sean realmente disuasorias. La multa nunca podrá ser menor que el doble del dinero que se haya ganado con la infracción. Con ello se busca frenar una práctica que, en algunos casos, está ligada a la compraventa ilegal de piezas arqueológicas.
Refuerzo de la protección del patrimonio
Desde el punto de vista legal, la norma refuerza la protección del patrimonio cultural y se ajusta a la legislación estatal, en especial a la Ley 16/1985. Andalucía, que cuenta con una gran riqueza arqueológica, ha registrado en los últimos años numerosos casos de expolio, muchos de ellos relacionados con el uso de detectores de metales en espacios abiertos.
Queda por ver cómo se aplicará la norma en la práctica, sobre todo en lo que respecta a la vigilancia y a las inspecciones por parte de la Junta. Su eficacia dependerá en gran medida de estos controles y de la coordinación con policías y autoridades locales. En cualquier caso, la ley ya está en marcha y a partir del 27 de abril, usar detectores de metales de forma indebida en Andalucía podrá salir muy caro.