La rebaja del IVA aplicable a electricidad, gas natural, briquetas, pellets y leña, así como la reducción del Impuesto Especial sobre la Electricidad, decaen este lunes debido a la moderación de la inflación. Así, el IVA aplicable a la electricidad y el gas natural vuelve al 21%. Por su parte, el del Impuesto Especial sobre la Electricidad se incrementa hasta el 5,11%.
¿Por qué se acaba la rebaja? El Real Decreto 7/2026 que aprobó las rebajas condicionaba su mantenimiento a superar determinados umbrales. De no hacerlo, las ayudas decaerían automáticamente. Así ha ocurrido (tal y como se esperaba) y, por ello, este 1 de junio se inicia la desactivación gradual de algunas de las medidas incluidas en el plan aprobado por el Gobierno en marzo para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra en Oriente Medio.
En concreto, la cláusula de desactivación del real decreto fijaba que si el IPC de carburantes, electricidad y gas en abril se situaba un 15% por encima del IPC de esos componentes en abril de 2025, las medidas seguirán en vigor. Pero, si era más bajo, se desactivarían, algo que ha sucedido con las vinculadas al ámbito energético.
No obstante, las medidas sobre el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica continuarán hasta el 30 de junio. Aquí entran los tipos reducidos del Impuesto sobre Hidrocarburos, el IVA al 10% sobre gasolinas, gasóleos y biocarburantes, y la devolución parcial del gasóleo profesional.
También continuarán en vigor las medidas sectoriales, que son las ayudas a agricultores y transportistas, así como los descuentos reforzados del bono social eléctrico (42,5% para consumidores vulnerables y 57,5% para vulnerables severos).
FACUA pide al Gobierno un tipo reducido permanente
Ante la caída de la rebaja del IVA de la luz y el gas, FACUA ha instado al Gobierno a emprender un nuevo cambio regulatorio por el que vuelva a aplicarse el reducido de manera estable y permanente. La asociación considera “injusto” para los usuarios domésticos que “se les repercuta el IVA más elevado a un suministro esencial y básico como es el de la electricidad”.
Así, han tachado de “fundamental” la consolidación de un impuesto reducido para “no afectar aún más la castigada economía de los hogares españoles”.
Para FACUA, la bajada de recaudación para las arcas puede ser “perfectamente compensada” con un aumento en los impuestos directos que afecte “a quienes más ganan”, en referencia a las grandes empresas, de manera que no afecte a la financiación de otras cuestiones esenciales como sanidad o educación.
Yolanda Díaz aboga por la prórroga de las rebajas fiscales
En la misma línea, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha exigido este lunes que se apruebe un nuevo decreto ley que prorrogue las rebajas fiscales a la luz y el gas, así como los contratos de alquileres. “Necesitamos un nuevo decreto de manera urgente para hacer frente a las consecuencias de esta situación, que recupere las medidas que han decaído hoy”, ha defendido.
Otras medidas para abaratar la factura
La asociación también ha reclamado que las energías nuclear e hidroeléctrica salgan de la subasta marginalista diaria y sean sometidas a precios fijos fijados por el Gobierno a largo plazo. De esta forma, se evitarían “los denominados beneficios caídos del cielo de estas tecnologías gracias al diseño que desde hace décadas tiene el sistema marginalista, donde el precio de mercado lo determina la oferta más cara que permite satisfacer la demanda cada hora”.
FACUA también ha solicitado al Ministerio para la Transición Ecológica que lleve a cabo “de una vez” actuaciones encaminadas a potenciar que los usuarios soliciten los descuentos del bono social. “Año tras año, las cifras constatan que la gran mayoría de sus beneficiarios potenciales no lo solicitan. No lo hacen porque desconocen su existencia y características o debido a que creen que no tienen derecho a recibirlo”, han denunciado.
Por último, han reclamado medidas para fomentar que los consumidores optimicen la potencia contratada en sus viviendas. Según un análisis elaborado por la propia asociación, los consumidores domésticos pagan a las eléctricas cerca de mil millones de euros de más cada año por el exceso de kilovatios que figuran en sus contratos.