Las personas dependientes y sus familias van a ser las beneficiarias directas de “la mayor inversión de la historia democrática” con 2.218 millones de euros extra para el pago de ayudas a quienes tengan problemas para valerse por sí mismos o para conciliar sus vidas con el cuidado de estas personas, como es el caso de los familiares. En los últimos meses, las administraciones se están volcando en ayudar a los hogares en los que aparecen problemas de salud de este tipo, y hace unas semanas el BOE lanzaba una ayuda de 14.788 euros para personas con ELA.
La reforma del sistema de la dependencia que propone Pedro Sánchez tiene como objetivo, como se explicó en el Consejo de Ministros en el que fue aprobada, reducir las listas de espera y mejorar los servicios de atención tanto a los enfermos como a los familiares. Con esta ayuda extra de 2.218 millones de euros, la aportación del Estado a este sistema de la dependencia va a llegar a los 7.239 millones de euros en 2027, que es dos veces más que la consigna de 2025.
Sánchez ya aseguró en un acto organizado por el Imserso, que esta es el mayor alza en una financiación para esta finalidad de las registradas hasta el momento. Como novedad principal, el cambio en las cantidades mínimas que se pasa a las Comunidades Autónomas por cada persona que es beneficiaria del sistema, según sea el grado de dependencia.
Cuantías según el grado de dependencia
Como informa el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, las cuantías de Grado III para los grandes dependientes suben un 128%, pasando de 290 euros al mes a 660 euros, para el Grado II, los considerados como dependientes severos, hay una subida del 100%, pasando de 130 euros al mes a 260 euros. Los del Grado I, dependencia moderada, suben un 18%, pasando de 76 euros al mes a 90 euros.
La intención del Gobierno de España, como publican en su página web, es la de “refundar” el sistema de la dependencia, ampliando la aportación a la financiación del SAAD por el Real Decreto Ley aprobado por el Consejo de Ministros y, a partir del 1 de julio de este año, la AGE (Administración General del Estado) comenzará con las transferencias a los gobiernos de las CCAA que son los que tienen la competencia en la gestión de estas ayudas.
Gracias a estos últimos movimientos, se prevé aumentar las prestaciones de más de 1,6 millones de personas en toda España (1.682.785 tienen prestación en activo según los datos del Imserso).
Mejoras en los sistemas de atención a dependientes
El Gobierno pone a disposición de las CCAA más recursos para mejorar el sistema de atención a los ciudadanos dependientes, con un avance hacia el modelo de cuidados que ya impulsó en su día el Ministerio de Pablo Bustinduy. Los gobiernos de las Comunidades Autónomas tendrán competencias para impulsar mejoras como:
- La reducción en las listas de espera para quienes necesiten una prestación por dependencia.
- Contratar a más trabajadores para ofrecer cuidados a las personas que estén en situación de dependencia, mejorando las condiciones laborales.
- Ofrecer más y mejores servicios a las personas dependientes, especialmente cuando se encuentren en una situación más grave.
- Ampliar la atención a domicilio e incrementar los centros de día.
- Invertir en tecnologías y consolidar servicios como la teleasistencia.
- Transformar los centros residenciales habilitando espacios en los que los mayores dispongan de más autonomía, en sintonía con los proyectos residenciales que el Gobierno de España ha puesto en marcha en los últimos años gracias al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Reforma en las leyes de dependencia y discapacidad
Otro de los objetivos que se persigue con este nuevo plan es la puesta en marcha de cambios estructurales en la reforma de las leyes de la Dependencia y Discapacidad, actualmente en fase de tramitación en el Congreso de los Diputados. Una norma que cambiará la Ley de promoción de la Autonomía Personal y la Atención a Personas en Situación de Dependencia como la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de la Inclusión Social.
La reforma contempla nuevos servicios que los gobiernos de las CCAA deberán ofrecer a través de estos sistemas, como los de convivencia colaborativa, cuidado y apoyo en viviendas compartidas, productos de apoyo que mejoren la autonomía, como sillas de ruedas eléctricas, andadores, camas articuladas o asistentes de voz, que se servirán mediante préstamo o cesiones temporales.
También se ofrecerán servicios de asistencia personal a las personas que necesiten apoyo con la extensión del servicio de ayuda a domicilio. En estos casos, se pondrá una persona para que ayude al dependiente a ir al médico o al supermercado, por ejemplo.
Más personal y menos burocracia
Se pretende mejorar la calidad en el empleo de las personas cuidadoras, con estabilidad laboral ante el aumento de la edad de la población debido a una mayor esperanza de vida. Los gobiernos autonómicos tendrán más dinero para aumentar la oferta de empleo, que será de más calidad y estable, contemplada en la ampliación legislativa que ahora contempla mecanismos para agilizar y acelerar los procesos administrativos.
Uno de los avances significativos es el reconocimiento automático del 33% de discapacidad a las personas con Grado I en el SAAD, y a las personas que tengan un Grado II o III que irán a una pasarela para ser reconocidas con el 65% de discapacidad. Establecerán un protocolo de urgencia para que las personas con especial vulnerabilidad puedan acceder antes a prestaciones y servicios.