La vida le dio un vuelco al vecino de Murcia, Francisco Hernández, el pasado marzo. Tras renovar un subsidio para mayores de 52 años del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) que venía cobrando desde hacía cuatro años, ahora la administración le obliga a pagar una deuda de casi 17.000 euros de la que dice: “no ha sido mi negligencia y lo puedo demostrar. No tengo cómo pagarla.”
Sin trabajo y sin la oportunidad de trabajar al 100%, esta es su situación al cobrar una incapacidad permanente total de unos 532 euros por dos hernias discales. Así comienza su historia. Habrá que remontarse al año 2018 para ver cómo se fraguó esta penalización. En ese momento, solicitó al SEPE un subsidio para mayores de 55 años (todavía se concedía a partir de esa edad) al cumplir todos los requisitos que se le imponían. Ahí, ya estaba cobrando una incapacidad permanente desde el año 2000.
“A mí este organismo nunca me puso ninguna pega a la hora de renovar en cada año el subsidio”, apunta el afectado. Hay que recordar que este se renueva de año en año hasta que se alcanza la edad de jubilación o hasta que se encuentra un nuevo trabajo. Además, es el único que cotiza para la pensión de jubilación.
Todo se desbocó cuando el pasado año su familia vendió una casa en herencia. “Más que una venta fue que le traspasamos nuestra parte a mi hermano y, por ese traspaso, nos embolsamos 3.000 euros cada uno de los perceptores.” Cuando volvió al SEPE para otra renovación, asegura que el funcionario no le puso ninguna pega por sobrepasar el 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), a pesar de que incumplía el requisito de carencia de rentas.
“Como los avisé y era una cantidad pequeña, no me pusieron ninguna pega en seguir recibiendo la ayuda”, explica Hernández. Pero al llegar a febrero de 2022 la cosa comenzó a torcerse. Contrajo una neumonía, por la que estuvo ingresado dos veces. “En la segunda ocasión fue cuando se me pasó el plazo para volver a sellar la renovación del subsidio en el día que me habían citado y tuve que hacerlo cuatro días más tarde tras salir del hospital”.
El motivo por el que se contrajo la deuda, según el SEPE
A pesar de la tardanza en realizar la renovación, la administración pública de empleo volvió a permitirle al beneficiario seguir cobrando su mensualidad. La sorpresa vino cuando a los pocos días, a comienzos de marzo, el protagonista vio cómo no había cobrado la ayuda sin recibir ninguna explicación. Por eso, puso camino al SEPE donde le dieron la amarga sorpresa: estaba denunciado por una cuantía que ascendía a los 16.888 euros y debía devolver el importe íntegro que había estado cobrando durante cuatro años.
“Se me quedó el cuerpo frío. No sabía si reír o llorar. Yo no tenía ninguna culpa porque siempre que acudía a la oficina de empleo para renovarlo nadie me puso ninguna pega. Ellos veían que cumplía los requisitos y yo seguía cobrándola”, asegura el afectado.
Entonces, ¿de dónde proviene esa deuda? Tras acudir a un abogado especializado y poner una reclamación, la explicación que le dieron desde el ente público es que Francisco ya era beneficiario de una incapacidad permanente absoluta, que provenía de sus últimos 15 años cotizados. “Tengo 23 años y seis meses cotizados para la jubilación”. Por otra parte, el dinero procedente del subsidio para mayores de 52 años también se extraía de estos mismos años.
“Pero esto es un error. El funcionario confundió el tipo de incapacidad que yo cobraba, que es total y no absoluta. Esto es fundamental porque, según la ley, yo puedo trabajar y cobrar una prestación al mismo tiempo. Lo puedo demostrar.” Una confusión del funcionario que el mismo SEPE ha reconocido. “Estos expresan claramente que fueron ellos los que se equivocaron al registrar el tipo de invalidez. Sin embargo, hacen caso omiso a esto y me piden que pague la deuda.”
Para intentar poner fin a esta situación, el interesado ha acudido este lunes, al juzgado para reclamar que se revise la documentación que él entregó en la oficina de empleo, donde se muestra que su discapacidad es en la modalidad total y no absoluta.
Ahora solo le queda esperar hasta el próximo 2 de octubre del 2023, donde la Justicia ha citado a ambas partes para ver qué decisión se toma en el juicio. Un hecho que ha llegado a provocarle una depresión profunda, además de angustia e impotencia, porque "yo no tengo los medios económicos suficientes para poder hacer frente a esta situación.”
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