Los cambios que faltan para completar la reforma de las pensiones antes de 2023

El tiempo apremia y el plazo se agota. El Ministerio de la Seguridad Social, capitaneado por José Luis Escrivá, ve cómo faltan solo 15 días para acabar el año y aún no hay acuerdo con sindicatos y patronales para aprobar la segunda pata de la reforma de las pensiones y los cambios que se producirán. Aun así, se espera que antes de las fechas navideñas las tres cuestiones fundamentales sobre las que gira la reforma queden implantadas antes de enero de 2023.

¿Por qué el tiempo apremia? Porque la Comisión Europea está esperando que el ministro Escrivá le envíe el informe donde se acuerden las medidas que afectan con el cálculo de las pensiones y la cuantía que podrán cobrar jubilados y pensionistas en los próximos años.

Por el momento, el único cambio que se conoce es la revalorización de las cuantías máximas y mínimas. La fórmula de revalorización actual toma como referencia el Índice de Precios de Consumo (IPC) interanual promedio de doce meses, desde diciembre del año anterior hasta noviembre del presente año. Esa media de tasa de inflación interanual de 2022 arroja un alza de los precios en un 8,47% que se redondeará en un 8,5%.

Todavía quedan varias cuestiones pendientes que han sembrado las diferencias en la mesa de negociación durante las dos jornadas que se han llevado a cabo este diciembre. Se espera que en la próxima ya pueda alcanzarse un acuerdo definitivo con un borrador para enviar a Europa.

Las medidas a implantar para aprobar la reforma de las pensiones 

Faltan apenas dos semanas para que acabe el año y los sindicatos, patronal y Seguridad Social deben llegar a un acuerdo para implantar las tres medidas que cerrarán la nueva reforma de las pensiones en 2023. Estas cuestiones corresponden con:

• La ampliación del cómputo de años para calcular la cuantía de las pensiones.
• El destope de las bases máximas de cotización.
• El Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) para salvar la hucha de las pensiones.

El principal reto que se busca con las negociaciones es conseguir más ingresos para mejorar la sostenibilidad del sistema de pensiones a través de estos tres retos explicados a continuación.

Ampliación el periodo de cotización en 30 años

Actualmente, el cálculo de la cuantía de la pensión contributiva se basa en la base reguladora de los últimos 25 años a la que se le aplican unos coeficientes. Ahora se estudia subir ese periodo de cotización a 30 años y que el futuro pensionista elija los 28 años con las bases de cotización más altas.

En palabras de Escrivá, esa fórmula no tendría un impacto negativo ni sobre las pensiones ni sobre las cuentas de la Seguridad Social. Una opinión que no apoyan ni sindicatos ni la propia ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, al expresar que los trabajadores ya no cobran un salario de forma ascendente, sino que muchos quedan desempleados años antes de alcanzar la edad de jubilación. Por lo que no se traduciría en una mayor pensión ni en un beneficio para ellos.

El destope de las bases máximas de cotización

Esta segunda pata que quiere implementar el Gobierno consiste en vincular la evolución de la base máxima de cotización al criterio de revalorización de las pensiones, es decir, al IPC. Si se amplía límite, los empresarios y los trabajadores con sueldos más altos estarán obligados a cotizar más y, por tanto, se ingresaría más en las arcas públicas.

Como indican desde El País, Escrivá tiene como objetivo que ese destope suba en un 30% durante un periodo de 30 años, hasta 2050. Esto se traduce en que el ministerio de la Seguridad Social ingresaría más de forma progresiva ante un escenario donde la Generación 'Baby Boom' está a punto de irrumpir en el sistema de pensiones.

Además, ese destope afectará de forma directa sobre la cuantía de la pensión máxima. Como ya comentamos en NoticiasTrabajo, con la aplicación de esta medida no habría una cuantía máxima, como tal, sino que las personas cobrarían una pensión en función de las cotizaciones aportadas durante los últimos 30 años. Así no tendrían que depender de los límites establecidos en los Presupuestos Generales del Estado.

El Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI)

Esta medida del Mecanismo de Equidad Intergeneracional podría implantarse con el nuevo sistema de reforma de las pensiones, tiene como fin garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas. Sobre todo para la conocida como la Generación Baby Boom, es decir, los trabajadores nacidos entre 1946 y 1964. 

En el caso de implantarse a partir de 2023, este MEI intentará que los jóvenes no sean los que sufran los perjuicios económicos cuando alcancen la edad de jubilación o la de otras pensiones anteriores como la de incapacidad permanente o viudedad. La finalidad es que se reparta de forma equilibrada, es esfuerzo entre las distintas generaciones.

En la mesa de negociación aún hay discrepancias con este tema. El mecanismo supone un alza en las cotizaciones del 0,6% para conseguir más ingresos para el sistema. Por eso se le conoce como “el nuevo impuesto que pagarán trabajadores, empresarios y autónomos para pagar las pensiones”.

Ese plus se repartiría entre empresa y trabajador e irá destinado exclusivamente para atender las posibles desviaciones en el nivel de gastos de las pensiones hasta 2050, es decir, cuando aparezcan gastos imprevistos en materia de pensiones.

El vicepresidente del Consejo General de Relaciones Industriales y Ciencias del Trabajo, Francisco Javier Lázaro, apunta que “es un coste desmesurado para empresas y trabajadores que no tienen su justa recompensa a los efectos de las prestaciones porque están topadas”. 

Además, justifica su discrepancia con el Gobierno en que “el incremento perjudica porque se cotizará más y se reducirán los ingresos reales. Llegará enero y la gente no sabrá qué hacer”.