El Pleno del Consejo Económico y Social (CES) ha aprobado este miércoles, con dos votos en contra y una abstención, el dictamen sobre el anteproyecto para la reducción de la jornada laboral. Este trámite era necesario para que la medida pueda ser aprobada nuevamente, en segunda vuelta, en Consejo de Ministros, ya como proyecto de ley.
En el informe del CES, tal como adelantó el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, se recogen, no obstante, distintas críticas al procedimiento de la medida. La primera de ellas es que el anteproyecto se remitió con “excesiva premura”, tal y como ha podido saber Europa Press, dando un plazo de alegaciones muy corto además de que, estas, debían hacerse en Navidad.
Sobre esto también se manifestó hoy Garamendi: “Todo el equipo de la CEOE tuvo que estar todas las navidades sin Navidad, con todos los informes, preparando papeles y más papeles. Hacer reuniones con todas las organizaciones para contestar. Es algo fuera de lugar”, denunció, al mismo tiempo que criticó que el Gobierno hable de conciliación pero que, luego, el Ministerio de Trabajo enviara el “día 25 o 26 de diciembre” el anteproyecto de ley de la reducción de jornada para que la patronal ya diera su opinión “el 2 de enero”.
Entre estas críticas, el CES también recrimina que no se haya recabado más información sobre el sector del campo y el pesquero, que son los que se verán especialmente afectados por esta medida, y que el Consejo de Estado no haya tenido la oportunidad de realizar un dictamen. Incluso, han lamentado el poco tiempo que se les ha dado para emitir dicho dictamen, al tratarse de cuestiones tan relevantes que requieren de un debate “sosegado y en profundidad”.
Falta de análisis sobre el impacto económico de la medida
El CES también ha criticado que la justificación económica de la reforma está basada en un análisis de los impactos económicos esperados “insuficientemente fundamentados e incompletos”, defendiendo que debería haberse realizado un estudio “en profundidad” para conocer los efectos a corto plazo e indirectos o a medio plazo, ya que en la memoria “prácticamente se presuponen”.
“Se trata de cuestiones económicas complejas de mucho calado, sujetas a controversia teórica y difíciles de medir que hubieran exigido de una memoria de impacto económico más consistente y completa, recogiendo también los efectos económicos del nuevo sistema de registro de jornada y de la nueva regulación del derecho a la desconexión, de los que nada se dice”, han señalado en el dictamen.
No es resultado del diálogo social
El dictamen también expone que la norma “no se puede entender como consecuencia del diálogo social”, porque no contó con el apoyo de la patronal (CEOE y Cepyme). “Señala que, a diferencia de lo expresado en la exposición de motivos, el diseño del anteproyecto objeto de este dictamen no puede entenderse al resultado del diálogo social, que pese a un proceso previo de diálogo tripartito durante 11 meses, dicho texto procede del acuerdo del gobierno y las organizaciones sindicales más representativas de ámbito nacional. Eso no es diálogo social”, ha denunciado hoy Garamendi.
Aconseja hacer la medida “más flexible”
Asimismo, el CES aconseja incluir en la norma un marco “más flexible” para hacerla efectiva, un punto que ve especialmente necesario en algunos sectores, como el agrario y el pesquero. “Sería conveniente que se estableciera un sistema de entrada en vigor jurídicamente más claro para la nueva jornada máxima”, han señalado. En este sentido, solicitan periodos transitorios que permitan las “imprescindibles adaptaciones” para una aplicación de la norma que resulte “adecuada, realista y eficaz”, teniendo en cuenta la realidad diversa de las empresas y sectores. Por ello, han tachado de “imprescindible” que se incluyan unas medidas de acompañamiento.
Piden mayor “concreción” con el derecho a la desconexión digital
Este organismo, aunque ha reconocido la “relevancia social, económica y empresarial de la reducción de la jornada laboral”, también ha pedido una mayor “concreción” con el derecho a la desconexión digital, reconociendo que ha sido imposible llegar a un consenso sobre este punto en el CES. Al respecto, han apuntado que es “fundamental” que, en las excepciones a la prohibición de comunicación con los empleados, cuando se dan circunstancias excepcionales y justificadas, se tenga en cuenta a los distintos sectores, actividades y situaciones, con necesidades propias y específicas de su actividad laboral.
En cuanto al registro horario, ven positivo que se vaya a registrar mejor la jornada, pero solicitan que haya excepciones en algunos sectores o cuando los empleados no cuenten con herramientas informáticas en su actividad (ya que en la norma se exige que los registros sean interoperables, digitales y permitan el acceso en remoto por la Inspección de Trabajo).
UGT valora el esfuerzo del CES “por alcanzar un dictamen de consenso”
El sindicato UGT también se ha manifestado sobre el dictamen del CES, reconociendo su trabajo “por alcanzar un dictamen de consenso” y esperando que este dictamen “sirva de impulso para consolidar el apoyo necesario para la aprobación de una ley que marcará un hito en la mejora de las condiciones laborales en España”, tal y como han expresado en un comunicado.
Para esta organización sindical, este dictamen supone “un paso adelante en la tramitación de la ley y debe servir de base para lograr un amplio consenso en el Parlamento, incorporando al conjunto de las fuerzas políticas democráticas” y, esperan, que también “para incorporar a la patronal”.
Asimismo, UGT ha subrayado la importancia de que todas las partes hayan alcanzado “un acuerdo en torno a los principios generales de esta reforma, a pesar de que en algunos puntos concretos se hayan reflejado diferencias entre los sindicatos y la representación empresarial”. Esta “voluntad de entendimiento”, añaden, “fortalece la posición del CES como órgano consultivo clave en el proceso de construcción de nuevas normativas laborales y refuerza el respaldo social a la futura ley”.
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