
Este pasado lunes, el Ministerio de Trabajo dio un “ultimátum” de siete días a la patronal para la aprobación de la reducción de la jornada laboral. Su secretario de Estado, Joaquín Pérez Rey, explicó que si esta no presentaba una propuesta por escrito para sumarse al acuerdo, desde el Gobierno aprobarían la medida solo con el apoyo de los sindicatos. Algo que no gustó a Antonio Garamendi, presidente de la CEOE.
Sin embargo, las organizaciones sindicales, CCOO y UGT, sí que dieron su visto bueno al borrador entregado por Trabajo, considerándolo una buena vía para lograr su verdadero objetivo, que es implantar en un fututo la jornada laboral de 35 horas. Y, de hecho, al margen de las negociaciones, hay varios puntos recogidos en dicho borrador que sí están confirmados y de los que no se esperan cambios, si bien no están las negociaciones cerradas.
El primero de ellos es que la aplicación de la reducción de la jornada laboral va a ser sin pérdida salarial (se seguirá cobrando lo mismo), y que se va a aplicar de forma progresiva. De hecho, en el documento elaborado por el departamento de Yolanda Díaz ya se recoge la fecha en la que se quiere implantar la jornada de 37,5 horas: la jornada pasará de las 40 horas actuales a las 38,5 horas “desde la entrada en vigor de esta ley y hasta el día 31 de diciembre de 2024”, entrando finalmente las 37,5 horas desde el 1 de enero de 2025.
Así pues, a partir del 1 de enero del año que viene, la jornada laboral se establecería en las 37,5 horas, aunque siempre hay que tener presente que esta reducción se aplicará en cómputo anual (y no semanal). La fecha que sí está todavía borrosa es la de su aprobación (con la que se pasará, como se ha explicado, a las 38,5 horas este 2024), aunque la intención del Gobierno es que se apruebe antes de las vacaciones de verano (agosto).
Otras medidas confirmadas de la reducción de la jornada laboral
El Ministerio de Trabajo y los sindicatos han dejado muy claro que no se va a ampliar el límite anual de horas extraordinarias, actualmente situado en 80 al año. Es algo que pedía la patronal para que las empresas pudieran disfrutar de mayor flexibilidad a la hora de aplicar la reducción de jornada, pero el Gobierno ha confirmado que no va a compensar la reducción con la realización de más horas extra.
También se ha confirmado que esta medida va a llevar implícita la mejora del registro horario. Estos van a pasar a ser digitales por obligación y la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social va a poder acceder de forma telemática a los mismos. Pero, además, las sanciones relacionadas con este registro se van a aplicar por trabajador y no como empresa, como sucede ahora, al igual que se van a aumentar las cuantías. Así, las sanciones podrán llegar a los 10.000 euros en su grado máximo.
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