
Todavía no hay acuerdo para la reducción de la jornada laboral, pero podría cambiar en una semana. La reunión mantenida por el Ministerio de Trabajo con los agentes sociales, donde se ha debatido por primera vez el borrador de la norma, ha finalizado con el favor de los sindicatos. Estas han asegurado que, aunque quieren aclarar alguna cuestión, están de acuerdo con el fondo del documento. La patronal es la que sigue bloqueando el acuerdo, pero el Gobierno le ha dado un 'ultimátum' de 7 días: o presenta sus propuestas, o se aprobará solo con el favor de las organizaciones sindicales.
El secretario de Estado de Trabajo así lo ha reconocido, confirmando que la posición de las organizaciones sindicales sobre el borrador ha sido, a su juicio, “muy positiva”, calificándolo estas de un “canal muy adecuado” para su aplicación. Sin embargo, ha espetado que la patronal ha mostrado un “escepticismo” que le preocupa, ya que este “no está seguido de propuestas”. En este sentido, ha añadido que, sin una alternativa, no pueden valorar ninguna propuesta para lograr el acuerdo con los empresarios.
Al respecto de la patronal, esta ha participado en la reunión mediante videoconferencia y son más que notorias sus reticencias frente al acuerdo que plantea el Gobierno con las organizaciones sindicales. De hecho, en contraste con las declaraciones de Pérez Rey, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, calificó la Mesa de Diálogo Social como un “monólogo”, llegando a asegurar que, en caso de que se aprueben modificaciones de la jornada sin el acuerdo de los empresarios, van a solicitar su derogación en cuanto cambie el Gobierno. Esto no sentó nada bien ni a las organizaciones sindicales ni a Yolanda Díaz que, a modo de respuesta, le contestó que “la CEOE ni pone ni quita gobiernos en España”.
Nueva reunión para sumar a la patronal
Tal como estaba previsto, el Ministerio de Trabajo volverá a reunirse el próximo lunes, 1 de julio, con los agentes sociales, esperando que en esta nueva reunión la patronal informe de qué necesita para firmar el acuerdo. Tanto el Gobierno como los sindicatos esperan conocer sus propuestas en esta cita, coincidiendo amas partes en que esta, hasta el momento, no ha mostrado cuáles son sus intereses.
La secretaria de Acción Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente, ha reiterado la trascendencia de estas negociaciones y ha aparovechado su comparecencia para hacer un nuevo llamamiento a la CEOE. También lo ha hecho el vicesecretario general de política sindical de UGT, Fernando Luján, añadiendo que “lo primero” que deben de saber es “sí está dispuesta a negociar”.
En esta línea, Joaquín Pérez Rey ha declarado que espera recibir "alguna respuesta" de CEOE y Cepyme durante esta semana, antes de la reunión, "para en su caso poder incorporarla y seguir adelante con la tramitación de este proyecto". Ha añadido que las negociaciones de esta medida han ocupado los últimos cinco meses por lo que "no es posible" que no hayan obtenido su propuesta, que debe estar "mdura" y "por escrito". En este sentido, ha apostillado que "el tiempo apremia".
Qué está confirmado de la reducción de la jornada laboral
Aunque no se ha establecido el acuerdo, hay varios puntos que parecen estar más que confirmados. El primero de ellos es que la reducción de jornada va a tener una aplicación progresiva: primero se pasará de las 40 horas actuales a las 38,5 horas en 2024, “desde la entrada en vigor de esta ley y hasta el día 31 de diciembre de 2024”, y finalmente a las 37,5 horas desde el 1 de enero de 2025. Aunque siempre hay que tener presente que se aplicará en cómputo anual.
También se ha confirmado, que al parecer sería uno de los puntos de bloqueo de la patronal, que no se va a aumentar el límite actual de 80 horas anuales, oponiéndose a ello tanto el Gobierno como los sindicatos.
Trabajo reitera la importancia del refuerzo del registro horario
Se desprende del borrador entregado, pero el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha reiterado este lunes la importancia de reforzar el registro horario, un punto imprescindible en la aprobación de la reducción de jornada. Como ya adelantó, al igual que lo hizo Yolanda Díaz, los registros van a pasar a ser digitales, permitiendo a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social acceder de forma remota e identificar claramente a los trabajadores.
Las empresas, para su implantación, tendrían un plazo de 6 meses. Además, la norma contempla un endurecimiento del régimen sancionador: las multas se aplicarán por trabajador y no por empresa, a lo que se suma un aumento de sus cuantías. Estas pasarán a estar entre los 1.000 y 2.000 euros en su grado mínimo, entre los 2.001 y 5.000 euros en su grado medio, y entre los 5.001 y 10.000 euros en su grado máximo.

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