Trabajamos a lo largo de nuestra vida laboral para que al llegar nuestra edad de jubilación, podamos retirarnos y que las cotizaciones que hemos aportado nos sirva para sufragar toda o gran parte de nuestros gastos. Pero lo que nunca pensamos es, que trabajar y que luego no quiten parte de la pensión y menos siendo funcionarios.
Michele Santa María dedicó 35 años de su vida al servicio público en Estados Unidos, trabajando desde los 18 años en la Administración del Seguro Social. Tras una vida laboral marcada por la constancia y el compromiso, decidió jubilarse en abril de 2024, poco antes de cumplir los 53 años. A pesar de creer que estaba todo bien, una nueva ley aprobada por la Cámara de Representantes amenaza con recortar de forma drástica su pensión prevista para la jubilación. “Simplemente, no puedo entender por qué al final de la carrera de alguien le quitan eso”, lamenta.
Durante más de tres décadas, Santa María ascendió desde tareas básicas como clasificar correo y contestar llamadas, hasta convertirse en técnica experta en reclamaciones, capacitando a otros empleados y resolviendo casos complejos. “A veces es un trabajo ingrato, pero perseveramos porque creemos en lo que hacemos”, explica. El esfuerzo, decía entonces, merecía la pena, ya que quienes trabajaban más de 30 años podían jubilarse a los 57 con una pensión completa.
Donald Trump perjudicó su jubilación
A pesar de ello, su plan de esperar a los 57 cambió con la llegada de Donald Trump al poder. La reestructuración de la administración y la amenaza de despidos masivos por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) hicieron que aceptara una oferta de separación voluntaria por 20.000 dólares. “Pensé que era mejor aceptarlo voluntariamente, que me obligaran a dejarlo”, recuerda. Su último día de trabajo fue el 19 de abril, apenas tres semanas antes de cumplir los 35 años de servicio.
Lo que no sabía entonces es que una disposición del nuevo presupuesto federal podría eliminar el suplemento especial de jubilación que estaba previsto para quienes se retiraban antes de los 62 años. Ese suplemento, que actúa como un puente económico hasta poder acceder al Seguro Social, desaparecería para todos los empleados federales menores de 57 años a 1 de enero de 2028. En su caso, la pérdida sería de unos 110.000 dólares en cinco años. “Estaba en shock”, relata. “Me pone en una situación realmente mala. Es devastador”.
Un sistema que premiaba la permanencia, ahora en revisión
El Sistema de Jubilación de Empleados Federales (FERS) combina una pensión, un plan de ahorro similar al 401(k) y el Seguro Social. Muchos trabajadores públicos como Santa María eligieron carreras menos lucrativas en el sector público, precisamente por la estabilidad de este sistema. “La jubilación era la meta”, afirma.
A pesar de ello, muchas voces conservadoras, como la de Rachel Greszler, de la Heritage Foundation, han criticado durante años estas prestaciones por considerarlas excesivas. Greszler calificó el suplemento como “un beneficio puramente inesperado”, asegurando que ofrece ventajas que otros ciudadanos no tienen. Desde la Asociación Nacional de Empleados Federales Activos y Jubilados (NARFE), su vicepresidente John Hatton comparó la eliminación con retirar dinero de un plan de pensiones privado ya consolidado. “Afecta a mucha gente”, afirma.
Pese a que la versión final del proyecto es más moderada que las propuestas iniciales (que incluían cambiar el cálculo de la pensión o adelantar aún más los recortes), sus consecuencias siguen siendo importantes para decenas de miles de personas.
Una petición para proteger a quienes ya se jubilaron
Tras conocer la noticia, Santa María escribió a los senadores californianos Alex Padilla y Adam Schiff, aunque es consciente de que los demócratas son minoría y tienen poco margen de acción. También ha iniciado una petición en Change.org pidiendo que se respete el derecho de quienes ya se han jubilado contando con ese ingreso adicional. “No traicionen a los servidores públicos que dieron décadas de sus vidas a este país”, escribió.
Santa María votó por Trump en 2024 con la esperanza de que mejoraría la gestión pública. “Esperaba eficiencia técnica, no despidos y recortes”, afirma ahora con decepción. Asegura que los cambios deberían aplicarse a nuevas contrataciones, no a quienes construyeron su futuro en base a unas condiciones que ahora desaparecen. “Cuando llevas 34 años ahí y te quitan el suelo bajo los pies, es devastador”.
