La Seguridad Social puede cambiar el cálculo de la pensión de viudedad y no es la única reforma que tiene entre manos

La ministra de la Seguridad Social, Elma Saiz, repasa y avanza los próximos pasos de la Seguridad Social para cumplir con las recomendaciones del Pacto de Toledo.

Ministra de la Seguridad Social, Elma Saiz
Elma Saiz repasa y avanza los próximos pasos de la Seguridad Social para cumplir con el Pacto de Toledo EFE
Esperanza Murcia

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha comparecido este lunes en la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, para analizar las acciones realizadas y los próximos que se van a tomar en relación con las Recomendaciones que estableció la propia Comisión en 2020. 

Entre los cambios anunciados, destaca la reforma de la pensión de viudedad, enmarcada en la recomendación 13 del Pacto de Toledo que hace referencia a reformulación de las pensiones de viudedad y orfandad. Sobre esta reformulación, Saiz ha dado a conocer que se va a estudiar la posible utilización de los años de cotización del causante (la persona fallecida) para calcular la pensión de la viuda o del viudo, lo que supondría la implantación de una fórmula similar a la que se utiliza para la pensión de jubilación.

Hay que recordar que, actualmente, para calcular la cuantía de las pensiones de viudedad solo se tiene en cuenta la base reguladora de la persona fallecida. Por otro lado, la ministra también ha reconocido como una prioridad garantizar la protección de las personas beneficiarias de 65 o más años cuya pensión suponga su principal fuente de ingresos.

Nuevo procedimiento de coeficientes reductores

Saiz ha destacado la vinculación del Índice de Precios de Consumo (IPC) con la cuantía de las pensiones, enfatizando que, unido al incremento general de 2024 (3,8%), ha supuesto que “un pensionista cobre de media 321 euros más al mes que en 2018, y que solo en los dos últimos años la pensión media haya aumentado unos 2.230 euros al año”. 

Al mismo tiempo, ha resaltado la aproximación entre la edad real y la edad legal de jubilación, afirmando que “por primera vez, la edad real de jubilación supera los 65 años”, señalando que se trata de una buena noticia tanto en la “retención de talento senior” como para la sostenibilidad del sistema de pensiones. En relación a esto, se ha comprometido en seguir avanzando “en mejorar la compatibilidad de la pensión y el trabajo, así como en otros aspectos relativos a la jubilación activa y parcial”.

Entrando en los cambios, como avanzaron los sindicatos esta mañana, la ministra también ha dado a conocer que se está debatiendo con los agentes sociales, “con importantes avances”, un nuevo procedimiento de los coeficientes reductores de edad en actividades penosas: “Se está tratando de alcanzar una fórmula con indicadores objetivos que permitan anticipar la edad de jubilación teniendo en cuenta factores como la incidencia, la persistencia y la duración de los procesos de baja laboral. Partiendo siempre de la base, eso sí, de que esos coeficientes deben suponer siempre el último recurso, aplicable solo en aquellos supuestos donde no sea posible la modificación de las condiciones de trabajo”. 

Aumento de la hucha de las pensiones

La ministra de la Seguridad Social también ha dado a conocer que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, lo que se conoce como la ‘hucha de las pensiones’, acumula más de 6.000 millones de euros gracias a las aportaciones procedentes del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), lo que supone un aumento de cerca de 4.000 millones respecto a diciembre de 2022. Según Saiz, este año finalizará con una cuantía aproximada de 9.100 millones y al final de la legislatura, en 2027, está previsto que el Fondo disponga de más de 25.000 millones de euros.

“La recomendación 3 nos instaba a recuperar el Fondo de Reserva como una importante ayuda para resolver desequilibrios coyunturales entre ingresos y gastos de la Seguridad Social. Es aquí donde la reforma de pensiones ha seguido al pie de la letra esta recomendación con el diseño y puesta en marcha del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) que nos va a permitir dotar de recursos al Fondo de Reserva para hacer frente al desequilibrio coyuntural que va a suponer la jubilación de los baby boomers”, detallaba.

“El MEI no solo no ha perjudicado al empleo”, ha continuado explicando, “sino que la buena marcha de la afiliación está disparando los ingresos por cotizaciones, lo que nos está permitiendo devolver progresivamente el equilibrio al sistema y estar bien pertrechados para las tensiones que se puedan avecinar”.

Para la sostenibilidad del sistema de pensiones, Elma Saiz ha declarado que han fijado “una senda de aumento de la base máxima de cotización, cuyo nivel actual es bajo, en comparación con los países de nuestro entorno, a la vez que se eleva la pensión máxima”, donde se enmarca la llamada “cuota de solidaridad” que afectará a los salarios más altos y permitirá que, a diferencia de lo que ocurre actualmente, haya que cotizar por la parte excedente que supere la base máxima de cotización vigente en cada momento.

Reforma “integral” de las mutuas en los procesos de incapacidad temporal

En último lugar, Elma Saiz ha detallado que su Ministerio está “muy cerca” de llegar a un acuerdo con los sindicatos y la patronal para ejecutar una reforma integral de las mutuas en los procesos de incapacidad temporal (baja laboral), con el objetivo de mejorar los tiempos de espera en el sistema público y “lograr una recuperación más ágil y en mejores condiciones de los trabajadores en determinados procesos de incapacidad temporal”.

En este sentido, ha recordado que las mutuas son “entidades que forman parte del sector público estatal de carácter administrativo que se financian con cotizaciones de empresas y trabajadores”. De ese modo, estos organismos pasarían a tener más poder, ya que la intención es “acometer una reforma integral, desde su estructura, pasando por su régimen económico-financiero y de impulso a la colaboración con entidades públicas y privadas a partir de un informe de evaluación” que desde el Ministerio van a encargar a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

Esta reforma, sin embargo, ha despertado muchas dudas, aunque Saiz ha asegurado que no tienen ninguna “lógica de privatización detrás”. Conviene destacar que, a principios de año, los sindicatos también confirmaron que el proceso de las bajas laborales seguiría siendo competencia de la sanidad pública, aunque fueran tratadas por las mutuas.

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